Cónsules de Centroamérica exhortaron el miércoles a sus connacionales acogidos al llamado TPS a que mantengan este beneficio, que es más seguro que el recién anunciado plan que ofrece suspensión de deportación y permiso de trabajo.
Al igual que el plan anunciado el mes pasado por el presidente Barack Obama, el Estatus de Protección Temporal, TPS por su siglas en inglés, otorga autorización para vivir y permiso de trabajo a ciertos inmigrantes que viven en el país sin autorización. Ambas protecciones se parecen porque son temporales y pueden ser renovadas pero se diferencian en el tiempo de expiración. El TPS es válido por 18 meses, mientras que el plan de Obama durará tres años.
La diferencia más importante, dijo la cónsul de El Salvador María Mercedes López Peña, es que el plan de Obama es menos seguro que el TPS porque el primero todavía no ha entrado en vigor y aún se desconocen todos los detalles sobre el proceso.
“Así que le pedimos a la gente que se reinscriba al TPS”, puntualizó López Peña durante una conferencia de prensa realizada en la calle, cerca del centro de Los Ángeles. “Estamos diciéndole a la gente que no ponga en riesgo su TPS”.
Actualmente, hay más de 266,000 centroamericanos acogidos a ese estatus. La mayoría de estos, unos 202,000, son salvadoreños; seguidos por hondureños, unos 60,000; y nicaragüenses, unos 4,600, de acuerdo con cifras de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
Los hondureños y nicaragüenses con TPS tienen hasta el 15 de diciembre para solicitar la renovación de sus permisos, que vencen en julio del 2015. Los salvadoreños con TPS todavía no tienen una fecha límite para pedir su renovación pero el permiso vence en marzo.
“Que la gente no tenga temor, que sigan con el programa, que saquen su permiso y no tendrán problema para seguir con su vida, con su trabajo”, dijo el cónsul de Nicaragua Leopoldo Castillo Ramos. “Les va a dar seguridad con este estatus migratorio y no se dejen engañar por los cantos de sirena”.
El plan de Obama entrará en vigor a partir de febrero. Podrían acogerse inmigrantes con hijos ciudadanos o que tienen autorización para vivir en el país, así como personas que reúnen ciertos requisitos educativos. Se prevé que unas cuatro millones de personas se beneficien con este plan.