WASHINGTON. El último plan de suspensión de deportación, ordenado por el presidente Barack Obama, no cubrirá a unos 350,000 menores y 245,000 inmigrantes que viven en el país, de manera ilegal, con hijos estadounidenses, de acuerdo con un estudio divulgado ayer por el Centro de Investigaciones Pew.
Los menores en cuestión quedarían fuera porque no cumplirían con ciertos requisitos para el grupo de inmigrantes llamados “dreamers”, como haber llegado al país hace más de cinco años, según el análisis del Centro. Los inmigrantes con hijos estadounidenses, entre tanto, no se beneficiarían porque entraron al país en los últimos cinco años.
Se llaman “dreamers” a ciertos jóvenes que fueron traídos de niños al país de manera ilegal.
El análisis se enfoca en la segunda orden emitida el mes pasado, que ofrece suspensión de deportación por tres años y permisos de trabajo. El plan, mayormente, protege a más “dreamers” y abarca a padres que viven en el país de manera ilegal desde, al menos, cinco años y tienen hijos ciudadanos o residentes legales.
El primer decreto presidencial sobre este asunto, para proteger a los “dreamers”, lo hizo hace dos años.
Ambos planes podrían beneficiar hasta el 48 % de los 11.2 millones de inmigrantes sin autorización, según el Pew. Alrededor de cuatro millones de estos inmigrantes serían padres que quedarían amparados bajo el segundo plan por tener hijos autorizados para vivir legalmente en el país.
Si bien 5.8 millones no podrían beneficiarse de estas medidas, unos 200,000 podrían aplicar a ambos planes, ya sea debido a la expansión del plan para “dreamers” o porque tienen hijos ciudadanos y han vivido en el país por al menos cinco años, agregó el Centro.
Los hombres no aptos para regularizar su estatus migratorio son mayormente solteros, el 64 %. En comparación, el 36 % de los hombres aptos son solteros.
Matrimonios que llevan tiempo en el país, carecen de antecedentes criminales pero no tienen hijos, también quedaron fuera del amparo.
Las organizaciones que defienden los derechos de los indocumentados han dicho que agradecen a Obama por la medida, pero insisten en que una solución permanente para el problema de los 11 millones de indocumentados que viven en el país pasa por una reforma migratoria en el Congreso.
En junio de 2013, el Senado aprobó un proyecto de ley que incluye un camino a la ciudadanía para indocumentados que están en el país desde antes del 31 de diciembre de 2011. El plan fue frenado por el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, lo que motivó a Obama a tomar una acción ejecutiva para corregir, temporalmente, un sistema migratorio que, dijo, se encuentra roto.
El mandatario ha insistido en que la acción ejecutiva quedaría sin efecto si la Cámara de Representantes vota y aprueba la reforma migratoria del Senado.
“El presidente tiene que entender algo muy importante”, le avisó a finales de noviembre, Mitch McConnell, el jefe de la nueva mayoría republicana en el Senado. “Si el presidente Obama actúa desafiando al pueblo e impone su voluntad al país, el Congreso actuará”, aseguró. —AGENCIAS.