Un juez federal de Pensilvania (EE.UU.) declaró hoy inconstitucionales las medidas migratorias para la regularización de más de 5 millones de indocumentados que propuso el presidente Barack Obama, como parte de una sentencia sobre un caso penal de un inmigrante hondureño acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.
El magistrado Arthur Schwab, propuesto en el cargo por el expresidente republicano George W. Bush, justificó su pronunciamiento sobre el decreto presidencial en que el acusado, Elionardo Juárez-Escobar, podría -a su juicio- beneficiarse de las medidas de Obama.
Esta es la primera decisión judicial contra la regularización de indocumentados anunciada por Obama en noviembre, una medida que ha soliviantado a la oposición republicana y que abre una nueva batalla en el Congreso, controlado por los conservadores a partir de enero.
Al tratarse de un caso particular que no tiene relación directa con el decreto del presidente, los analistas consultados por los medios estadounidenses consideran que esta decisión judicial no tendrá un impacto relevante.
Sí lo podría tener en cambio la demanda interpuesta por una coalición de más de 20 estados, liderada por Texas, contra las medidas ejecutivas anunciadas por Obama.
El caso en el que se apoya el juez Schwab para pronunciarse contra el decreto presidencial es el del inmigrante hondureño, que fue deportado en 2005 y arrestado este año, tras volver a entrar al país, cuando conducía bajo los efectos del alcohol.
Su argumento para opinar sobre el decreto presidencial es que Juárez-Escobar podría evitar la deportación gracias a la regularización de Obama.
El juez esgrime que Obama “violó la separación de poderes” con su acción unilateral, que considera “inconstitucional”.
“Su medida permite que un amplio grupo de individuos reciba un trato diferente que otros con base en clasificaciones arbitrarias, en lugar de según un análisis de cada caso individual”, arguyó el magistrado.
En Estados Unidos viven 11,3 millones de indocumentados, según los cálculos del Gobierno, de los cuales la mayoría son latinoamericanos y más de la mitad mexicanos.
El grueso de la regularización radica en los 3,7 millones de indocumentados que, según el Migration Policy Institute, tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y han vivido un mínimo de cinco años en el país.
Este grupo obtendrá un estatus legal temporal en el país, con lo que evitará la deportación, y los que no tengan antecedentes penales podrán además acceder a un permiso de trabajo.
Los otros 1,5 millones quedarían regularizados por la ampliación de la Acción Diferida (DACA, por su sigla en inglés), una medida que desde su entrada en vigor en agosto de 2012 ha evitado la deportación de más de 580.000 jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.