BOGOTÁ. El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC se suspendió ayer tras dos años de negociaciones en Cuba a causa del secuestro de un general del Ejército, lo que ha dividido al país entre los que siguen apostando por la paz y quienes consideran este suceso como una traición de los terroristas.
El general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, una unidad especial antiguerrilla, fue secuestrado junto al cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego en Las Mercedes, un remoto caserío del departamento del Chocó (noroeste).
Al parecer, el general y sus acompañantes llegaron al lugar en una lancha, vestidos de civil y sin escoltas, lo que ha abierto una gran polémica sobre los motivos que llevaron a Alzate a no seguir los protocolos en una zona con fuerte presencia de terroristas.
El secuestro de Alzate, el militar con mayor rango secuestrado por las FARC, llevó a la condena del Gobierno y a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender el ciclo de negociaciones con los terroristas que debía comenzar ayer en La Habana.
“Las FARC fueron responsables de este secuestro, un secuestro totalmente inaceptable… Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del Gobierno que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones”, advirtió.
“A las FARC les exijo, y no solo yo, se lo exigen nuestra nación y toda la comunidad internacional, que demuestren su voluntad de paz con acciones y no solo con palabras”, enfatizó el jefe de Estado en una alocución al país después de reunirse en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
Las reacciones no se hicieron esperar y todas las fuerzas políticas se pronunciaron sobre la mayor crisis del proceso de paz, que esta semana cumple dos años, tiempo en el que se ha avanzado como nunca antes había ocurrido en los 50 años de conflicto armado.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, un gran opositor al diálogo y quien afirmó que “para el terrorismo los gestos de paz del Estado no son generosidad sino debilidad” frente a los terroristas.
Uribe insistió en que “mientras el Gobierno, sus voceros políticos y periodísticos proponen ampliar el concepto de delito político para amparar la impunidad del secuestro, narcotráfico y otros crímenes, el terrorismo responde con el secuestro”.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, quien remarcó que solo deben proseguir los diálogos si las FARC liberan a sus cautivos, al calificar de “absurda” cualquier iniciativa dirigida a negociar una liberación.
Precisamente un editorial publicado en Anncol, web manejada por las FARC, aseguraba que Uribe estaría al frente de un boicot contra el proceso, al insinuar, sin una argumentación, que el general habría sido entregado de forma premeditada a un comando guerrillero.
El resto de partidos y políticos de todos los colores condenaron abiertamente el secuestro de Alzate y sus acompañantes; pero una de las opiniones con más repercusión en Twitter fue la de la exsenadora Piedad Córdoba, quien bajo la etiqueta #TreguaYa, convertida en tendencia en la red, pidió salvar el proceso con un alto el fuego bilateral.
Mientras tanto, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se trasladó a Quibdó, la capital del departamento de Chocó, para liderar un consejo extraordinario de seguridad junto a los altos mandos militares y policiales.
Un portavoz de este ministerio dijo a medios que se han desplazado hasta la zona más de 500 hombres entre soldados, carabineros, policías e infantes de marina.
Según la agencia Reuters, un portavoz de las FARC anunció que hoy hablarán a los medios después de estar indagando cómo ocurrieron los hechos, aunque evitaron pronunciarse por el momento sobre la decisión de Santos.
En Bruselas, mientras tanto, la Unión Europea instó el lunes a las FARC a liberar “inmediatamente y sin condiciones” a los secuestrados. Naciones Unidas también pidió liberar a los rehenes y dijo que ese gesto de paz contribuiría a la reanudación de los diálogos.
Los secuestros por parte de los terroristas ya llevaron a la ruptura de dos procesos de paz en Colombia en el último cuarto de siglo.
El primer intento de paz que fracasó por este motivo fue el de Tlaxcala (México) en 1992, durante el Gobierno de César Gaviria, y diez años más tarde corrió la misma suerte el del Caguán (sur de Colombia), bajo la presidencia de Andrés Pastrana, en 2002.
La práctica del secuestro ha sido una tentación constante de las FARC y alcanzó su mayor cuota de dramatismo en la segunda mitad de los años 90 y comienzos de la década del 2000, cuando pasó de ser una política selectiva con fines económicos a una actividad masiva contra civiles, militares y policías.
En ese periodo, las FARC retuvieron en sangrientos ataques a centenares de policías y militares, algunos de los cuales permanecieron secuestrados más de doce años en la selva y otros murieron en cautiverio.
Los civiles no escaparon de la tragedia con algunos casos muy sonados, como el de los doce diputados del departamento del Valle del Cauca en 2002, de los que once fueron asesinados por las FARC cinco años después.
El pasado 14 de noviembre, este grupo terrorista reconoció haber capturado a dos soldados en Arauca (este). —AGENCIAS.