El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos han abierto una investigación sobre la petrolera estatal brasileña Petrobras, a la cual están ligadas en un escándalo de corrupción dos empresas constructoras seleccionadas para proyectos con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa de El Salvador (CEL).
Petrobras admitió ayer que Estados Unidos la tiene en la mira. En un comunicado, la petrolera brasileña explicó que el viernes recibió la orden de la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos (conocida como SEC, por sus siglas en inglés) para que entregue ciertos documentos mientras continúan en Brasil las repercusiones del caso conocido como “Operación Lavacoches”.
La empresa estatal informó que enviaría los documentos después de consultar con sus firmas de abogados brasileña y estadounidense (Trench, Rossi and Watanabe, y Gibson, Dunn & Crutcher) que realizan una averiguación interna sobre una red de sobornos que presuntamente involucra a ejecutivos de la empresa, empresas de construcción que buscaban contratos con la petrolera y algunos políticos.
Petrobras no brindó detalles acerca de cuáles eran los documentos que le ha pedido la SEC.
Las actividades de la petrolera están siendo investigadas por una unidad del Departamento de Justicia que busca posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas extranjeras, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar públicamente del mismo. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó ayer hacer comentarios.
Y la Comisión de Valores, que regula y supervisa a las empresas que cotizan en bolsa, no respondió a una solicitud de información para especificar detalles de su investigación. Petrobras cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York.
La investigación estadounidense, que llevan adelante tanto la SEC como el Departamento de Justicia, es de naturaleza “amplia” y ha estado en marcha desde al menos comienzos del 2014, agregó la fuente.
Amplias pesquisas
La investigación de la SEC es la más reciente en una pesquisa múltiple que se está extendiendo más allá de las fronteras de Brasil y que involucra a las empresas Queiroz Galvao y Odebrecht, ambas firmas han sido seleccionadas por la CEL para ejecutar obras hídricas en El Salvador.
La primera está encargada de la expansión de la presa 5 de Noviembre, y la otra está precalificada para la continuación de la construcción de El Chaparral, que fue dejada a medias por la compañía italiana Astaldi, pese a lo cual le terminaron pagando $108 millones, casi la mitad del monto que costaría la obra.
Odebrecht, incluso, fue calificada por el expresidente Mauricio Funes como una de las mejores a nivel internacional en marzo de este año (ver nota aparte).
La Fiscalía brasileña sostiene que hubo un desvío de casi 4,000 millones de dólares del gobierno desde 2004 en un esquema en el que se inflaban los costos de proyectos de infraestructura para enriquecer a funcionarios de Petrobras y supuestamente proveer de fondos a tres partidos políticos, incluyendo el gobernante Partido de los Trabajadores.
Hasta ahora, un total de 27 personas han sido detenidas, la mayoría ejecutivos de constructoras (entre ellas Queiroz Galvao y Odebrecht) aunque también dos exdirectores de Petrobras. El juez liberó a 12 con la condición de no salir del país y mantener su dirección.
Los contratos celebrados entre las constructoras investigadas podrían sumar más de 23 mil millones de dólares.
Hallan cuentas en Suiza
Además, la Fiscalía informó ayer que a partir de testimonios descubrió la existencia de cuentas en Suiza y espera averiguar el origen de esos fondos con la ayuda de autoridades europeas. El juez del caso, Sergio Moro, indicó que uno de los exejecutivos de Petrobras detenidos, Renato Duque, tenía una “verdadera fortuna” en cuentas secretas en el exterior.
Los investigadores se han apoyado en los testimonios del cambista Alberto Youssef, condenado por un fraude bancario, quien asegura que el dinero se destinaba a los partidos políticos. Youssef está cooperando con la investigación a cambio de una sentencia más leve. Las autoridades llegaron a un acuerdo similar con Paulo Roberto Costa, exdirector de refinamiento de la petrolera.