Una jueza federal revocó la ley de Arizona de 2005 sobre contrabando de inmigrantes, aduciendo que es privativa de los estatutos federales.
El fallo emitido el viernes por la jueza Susan Bolton es un paso más en una serie de restricciones aplicadas por la justicia federal ante el intento de Arizona por involucrar a la policía local en la lucha contra los inmigrantes sin residencia legal.
Bolton falló que la ley estatal priva a las autoridades federales de su derecho exclusivo a procesar los delitos de contrabando humano.
La oficina de la gobernadora Jan Brewer y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a los pedidos de declaraciones.
La ley de Arizona fue aprobada por los legisladores en respuesta a la frustración de los votantes por la situación del estado en momentos en que era el centro del contrabando de inmigrantes. Fue la segunda ley de inmigración importante de Arizona, a la que siguió en 2010 una más amplia que obligaba a la policía a determinar el estatus inmigratorio en determinados casos, inspirando leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah.
La ley fue aplicada con frecuencia por el jefe de policía del condado de Maricopa, Joe Arpaio, aunque los tribunales han limitado sus poderes antiinmigratorios en los últimos 17 meses.
La ley fue objeto de fuertes críticas luego que más de 2,000 inmigrantes que pagaron para que los introdujeran subrepticiamente en el país fueron acusados de asociación ilícita para ingresar ilegalmente.
Los detractores dicen que la ley apunta a los contrabandistas, no a sus clientes. El año pasado, otro juez federal vedó la táctica, señalando en su fallo que penaliza acciones que la ley federal trata como asunto civil. Las autoridades locales aceptaron desistir de apelar ese fallo.
Bolton derogó la ley de contrabando como parte de la impugnación de la ley de 2010 por parte del gobierno del presidente Barack Obama. La disputa en torno a la ley de contrabando es todo lo que queda de la impugnación de la ley de 2010 por el gobierno federal.
Con todo, una coalición de grupos promotores de los derechos civiles ha demandado la ley de 2010 ante una corte federal.
La lista de normas sobre inmigración de Arizona que han sido derogadas sigue creciendo. Con todo, las cortes han ratificado algunas normas, como la disposición de la ley de 2010 que obliga a la policía a verificar el estatus inmigratorio de la gente en ciertas circunstancias.