Se protegerá de deportación y se permitirá dar autorización laboral a aproximadamente 4.1 millones de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, pero cuyos hijos sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, independientemente de si los hijos son menores de edad. Para ser elegibles, los padres tienen que haber vivido en el país por mínimo cinco años.
Los beneficiados no deben formar parte del grupo considerado “prioritario” para ser deportado, es decir sospechoso de terrorismo, criminales y quienes cruzaron este año la frontera, y haber permanecido en el país desde antes de enero de 2010.
Además, crearán un mecanismo para que los inmigrantes pasen un control de antecedentes penales y entren en el sistema de pago de impuestos. Y ampliarán las opciones para emprendedores extranjeros.
También relajarán las condiciones para exenciones en el proceso de solicitar una tarjeta de residencia permanente.Se ampliará el programa de suspensión de deportaciones que Obama lanzó en 2012 y que exime de deportación a inmigrantes que fueron traídos cuando eran niños a Estados Unidos de manera ilegal hasta 2007. Ahora se ampliará para abarcar hasta 2010, y se levantará la restricción de que los beneficiarios deben tener por lo menos 31 años de edad. Se estima que unas 290,000 personas podrían quedar beneficiadas, según el Migration Policy Institute, un grupo de estudios de Washington especializado en inmigración.
Esa cantidad pudiera cumplir los requisitos a tenor con exigencias menos estrictas del programa de protección a personas que llegaron al país irregularmente cuando eran menores, conocido como DACA y lanzado en 2012.
Asimismo, fortalecerá los programas de permisos para graduados y estudiantes universitarios extranjeros en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Y expandirá una política existente para dar alivio a cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses que buscan alistarse en Ejército. Se aumentarán los sueldos de oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas, que de ahora en adelante desempeñarán un mayor papel en la implementación de leyes migratorias, para que estén más acordes con otras agencias policiales, como el FBI.
Se reemplazará el programa de Comunidades Seguras, que permite entregar a las autoridades migratorias federales a personas detenidas por delitos a nivel local. El nuevo programa se llamará “Acción Prioritaria” y establecerá otros estándares basados en el tipo de conducta por la cual es detenido un inmigrante.
También harán otros ajustes sugeridos por empresarios, como un programa de libertad bajo fianza que podría afectar a cientos de miles de indocumentados.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no empezará a aceptar solicitudes al menos hasta principios de 2015. El Gobierno advierte que revisará cada caso con lupa y al igual que con cualquier otra solicitud de inmigración advierte de que ocultar hechos o mentir puede ser motivo para posible expulsión.La acción ejecutiva de Obama no beneficiará a los inmigrantes “que cruzaron la frontera recientemente (a los cuales se define como personas que ingresaron al país después del 1 enero 2014), a los que crucen la frontera en el futuro o que ayuden a los que crucen en fecha posterior, sino que ayudará a los migrantes que han vivido en Estados Unidos durante años”.
Quienes intenten ingresar de forma ilegal se colocará en la primera fila para ser capturados y deportados.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llevará a cabo un plan para fortalecer la frontera sur y los esfuerzos de las agencias que trabajan en asegurar los límites territoriales.
El Departamento de Justicia realizará una serie de reformas en las cortes de inmigración para desatascar los casos pendientes y trabajará con el DHS para adjudicar más rápido los casos de individuos que cumplen con las nuevas prioridades de expulsión.