BARCELONA. El presidente catalán, Artur Mas, firmó ayer el decreto de convocatoria del referéndum de independencia en Cataluña, el último paso de una pugna con Madrid para celebrar una consulta no vinculante el próximo 9 de noviembre.
Tras la firma, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró que el Ejecutivo pondrá en marcha la maquinaria necesaria para declarar ilegal la consulta.
Mas rubricó el texto en el Palau de la Generalitat de Barcelona, sede del Gobierno catalán, en un acto solemne y rodeado de representantes de los partidos políticos que dieron respaldo el año pasado a la convocatoria de un referéndum.
“Cataluña quiere decidir pacífica y democráticamente su futuro político”, dijo Mas, en una comparecencia tras la firma del decreto.
“A nadie puede asustarle que alguien exprese su opinión con un voto en una urna (…) Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada, quiere votar”, agregó el líder catalán, que habló en catalán, castellano e inglés durante su intervención.
La firma tuvo lugar ocho días después de que el Parlamento catalán aprobara por amplia mayoría la ley de consultas que da marco legal a una convocatoria que, según los sondeos, quieren celebrar la mayoría de los catalanes.
“Queremos votar, queremos decidir y ahora tenemos el marco adecuado para hacerlo”, dijo Mas, quien a su salida del Palau de la Generalitat fue aclamado por cientos de personas que ondeaban banderas independentistas.
“Una vez Cataluña se haya manifestado democráticamente, encontremos los marcos de diálogo necesarios para construir el futuro. Un futuro mejor para todos. Este es nuestro deseo”, afirmó.
El Gobierno central estaba a la espera de este paso legislativo para recurrir el decreto y la ley ante el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo considera que el referéndum es ilegal porque va contra la Constitución española, que establece que una convocatoria así solo la puede hacer el Gobierno central y en todo el territorio español.
“Ningún Gobierno está por encima de la voluntad soberana del pueblo español, ningún Gobierno puede ceder o transigir sobre lo que solo pueden decidir el conjunto de los españoles”, dijo Sáenz de Santamaría, en el Palacio de la Moncloa.
“Lamentamos profundamente y consideramos que es un error la iniciativa del presidente de la Generalitat. Fractura a la sociedad catalana, divide a los catalanes, les aleja de Europa y del sentir de los tiempos”, agregó.
Suspensión automática
La vicepresidenta dijo que el Gobierno había puesto en marcha la primera de las actuaciones necesarias para proceder a la ilegalidad de la consulta, solicitar un informe al Consejo de Estado para que una vez emitido pueda reunirse mañana el Consejo de Ministros, tras el cual el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteará los recursos ante el Tribunal Constitucional.
Una vez presentados los recursos contra la ley de consultas y contra la convocatoria del referéndum, el alto tribunal suspendería la ley invalidando así la convocatoria, impulsada por el Gobierno catalán tras el aumento del sentimiento independentista en la región en los últimos años.
“La suspensión es automática y produce el efecto de que no se puede producir ningún efecto, de ninguna naturaleza”, dijo Sáenz de Santamaría. “Se suspenderá la ley de consultas y el decreto”.
Por tercer año consecutivo e impulsados en esta ocasión por una consulta similar en Escocia que intentó separarse del Reino Unido sin lograrlo, los catalanes han mostrado en las calles su deseo de opinar sobre la relación de 300 años con España.
El dirigente catalán no ha dicho qué hará si, como es previsible, Madrid bloquea la votación.—AGENCIAS