BARCELONA. El Gobierno de la región de Cataluña decidió ayer suspender la campaña institucional para la consulta de carácter soberanista que fijó para noviembre próximo, sobre la que el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, advirtió de la ilegalidad de promocionar esa consulta.
El presidente regional catalán, Artur Mas, firmó el pasado sábado la convocatoria para el 9 de noviembre o “9N” de una consulta en la que los ciudadanos de Cataluña (7.5 millones de habitantes) se pronuncien acerca de la soberanía de esa comunidad autónoma española y, eventualmente, de su independencia.
Esa consulta fue recurrida el lunes por el Gobierno central y, horas más tarde, el Tribunal Constitucional (TC) decidió admitir a trámite el recurso, lo que se traduce en la suspensión cautelar de la consulta.
El Ejecutivo catalán, reunido en Barcelona, acordó ayer a su vez suspender temporalmente la campaña institucional que pensaba llevar a cabo para promover la convocatoria, pero su portavoz, Francesc Homs, hizo hincapié en que “la partida continúa”.
La paralización de la campaña institucional se justifica en garantizar la “seguridad jurídica” de los funcionarios públicos que tuvieran que participar en esos actos de promoción, según Homs.
Confía así que, cuando estudie el fondo del asunto, el Constitucional termine por admitir la legalidad de la consulta en las próximas semanas, de modo que se celebre el 9 de noviembre.
Para ello el Gobierno regional presentará en breve alegaciones ante el Constitucional, porque el Ejecutivo catalán “no pliega velas” y, además, cuenta con que los ciudadanos se movilicen en favor de la consulta, añadió.
El portavoz del Ejecutivo catalán descartó que el parón dado al proceso por el TC dé lugar a elecciones anticipadas y aseguró que Artur Mas se reunirá en los próximos días con los líderes de los partidos que apoyan la consulta y analizar la situación. —AGENCIAS.