Los Comisionados de los Derechos Humanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua demandaron hoy controlar el narcotráfico en el Golfo de Fonseca (Pacífico), con el objetivo de que ese sector sea una zona de paz.
En una declaración conjunta, los comisionados centroamericanos exhortaron a los Gobiernos a prevenir y controlar “la delincuencia en las comunidades ribereñas, especialmente el narcotráfico”, uno de los principales flagelos que afecta a la región.
Por Centroamérica transita hasta el 90 por ciento de las aproximadamente 700 toneladas de cocaína que anualmente ingresan en ese país procedentes de Colombia, según Estados Unidos.
Los defensores de Honduras (Roberto Herrera), de El Salvador (David Morales), y de Nicaragua (Omar Cabezas), se reunieron en Tegucigalpa para abordar sobre problemas que se registran en el Golfo, la migración infantil y la sequía que afecta a Centroamérica.
Los procuradores también indicaron que es necesario que Honduras, El Salvador y Nicaragua implementen programas para que el Golfo, cuyas aguas comparten los tres países, sea una zona de paz y desarrollo.
El Golfo por muchos años ha sido una zona de conflictos por denuncias de pescadores de un país faenando en aguas de otros, que en muchos casos terminan con la captura de personas, el decomiso de embarcaciones e incluso la muerte de pescadores.
“Es apremiante, en el corto plazo, adoptar medidas que favorezcan condiciones básicas de vida digna y trabajo para las comunidades ribereñas de los tres países”, subrayaron.
Los defensores aplaudieron la decisión de los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, Salvador Sánchez Céren, de El Salvador y Daniel Ortega, de Nicaragua, de impulsar el “Plan de Acción Alianza para la Prosperidad”, que presentarán en los próximos días a autoridades estadounidenses.
Los Comisionados de los Derechos Humanos también abogan por el fortalecimiento de los gobiernos municipales para “la promoción y ejecución de proyectos de reforestación y tratamiento de desechos sólidos” en las comunidades ribereñas.
Además, demandan que haya una “garantía efectiva a la seguridad” por parte de las fuerzas navales de los tres países con el objeto de “respetar” las actividades de los pescadores artesanales que faenan en el Golfo.
Los defensores de los pueblos pidieron a los Gobiernos que se apliquen “vedas que garanticen la disponibilidad y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos por parte de las tres comunidades ribereñas”.
Asimismo, que se “fomenten empleos alternativos reales y productivos para los pescadores y sus familias, así como el mejoramiento de las condiciones de acceso a servicios de salud y educación”, enfatiza la declaración conjunta.