CARACAS. Al menos un herido de bala y otros cinco lesionados es el saldo de las protestas que se iniciaron desde ayer por la madrugada en el estado Táchira del contra la implementación del sistema biométrico para el control de la venta de alimentos.
En horas de la tarde, el director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, informó en su cuenta en Twitter que de acuerdo con reportes de integrantes de la organización en esa entidad, se había conocido que el joven Denis Leonelli Zambrano resultó herido de bala en el abdomen en medio de las manifestaciones en el sector Las Vegas, de Táriba. Otras cinco personas también quedaron lesionadas por perdigones.
Según el diario El Nacional, en ese lugar hubo cierre de vías desde la madrugada y una unidad de transporte fue secuestrada por unas horas. Los habitantes denunciaron que fueron víctimas de la represión por parte de la Policía Nacional Bolivariana.
Esta es la segunda semana consecutiva de protestas en el estado Táchira, al oeste de Venezuela y fronterizo con Colombia, en contra de la implementación de las máquinas captahuellas.
La medida fue tomada por el régimen de Nicolás Maduro para frenar la escasez y el desabastecimiento, que según el propio gobernante es causado por el contrabando hacia países vecinos.
En menos de 48 horas el régimen cambió su decisión de implementar el uso obligatorio de las máquinas captahuellas para controlar la compra de alimentos y medicinas en todo el territorio y, de acuerdo al presidente de la asamblea nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello, serán usadas sólo en los estados fronterizos.
Por su parte, el diputado de Causa R, por el estado Bolívar a la Asamblea Nacional (AN), Américo de Grazia, junto con el abogado José Vicente Haro acudieron ayer a introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de amparo en contra de la implementación de las captahuellas en los comercios a nivel nacional.
Américo de Grazia dijo que los ciudadanos no pueden permitir que el Estado vaya “constriñendo” las libertades ciudadanas, entre ellas el derecho a abastecerse de la forma y en el momento que lo estime conveniente cada venezolano.
“El recurso es a favor del ciudadano para decirle no a la criminalización del abastecimiento familiar y a la dictadura implementada a través del captahuellas. Debemos oponernos no solo desde el punto de vista jurídico hay que boicotear este tipo de acciones porque no pueden ni deben ser permitidos”, acotó.
Tulio Álvarez, abogado y experto constitucionalista, anunció que introducirá ante el TSJ un recurso de amparo del Movimiento al socialismo MAS, y aseguró que de ponerse en funcionamiento del sistema biométrico tal como fue planteado, “no sería compatible con el sistema venezolano de derechos económicos. La Constitución establece de una manera categórica que los venezolanos tienen derecho al acceso a los bienes y servicios que estos sean de calidad”.
Más tarde, el presidente de Alianza Bravo Pueblo (ABP), Richard Blanco, aseguró que el régimen invertirá 400 millones de dólares en las captahuellas. Destacó que esta no es una inversión que ayude a resolver el contrabando.
“Eso no es una inversión, que usen ese dinero en implementos para los hospitales de Venezuela”, dijo y agregó que todos los sectores están descontentos con esta regulación. —AGENCIAS.