NICARAGUA. El Ejército nicaragüense ha desatado una “cacería de brujas” contra pobladores del norte del país que abiertamente se han declarado opositores al gobierno de Daniel Ortega, publicó el periódico español El País.
Las medidas represivas han surgido con el propósito de dar con los supuestos culpables de haber atacado una caravana de sandinistas —el pasado 19 de julio— en la que murieron cinco personas y 19 resultaron heridas.
El medio español indica en su publicación que este miércoles las autoridades informaron de nuevas capturas en poblaciones consideradas opositoras.
“Los detenidos son llevados hasta las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional (DAJ), en Managua, conocidas como El Chipote y tristemente célebres por ser el lugar donde se han ejecutado varias violaciones de los derechos humanos desde que Ortega regresó al poder, en 2007, tal y como ha detallado en varios informes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)”, dice el diario.
Uno de los detenidos ha sido un campesino, cuyos familiares relataron a medios locales que Zacarías Cano Angulo, fue detenido por militares el sábado, golpeado, encapuchado y arrastrado contra su voluntad. Aura Reynosa García, esposa del agricultor, aseguró que pidió a los militares una orden de captura, pero la respuesta de ellos fue: “nos mandó la Policía”.
El País destaca que la jefa de la Policía nicaragüense, Aminta Granera, es una leal funcionaria de Ortega, quien afirmó públicamente que no va a escatimar “tiempo, ni esfuerzo, ni sudor, ni sangre” para esclarecer los acontecimientos del 19 de julio.
“Los organismos de derechos humanos aseguran que Granera está cumpliendo al pie de la letra su promesa, a costa de violaciones de los derechos de los detenidos”, dice el periódico.
Y consigna que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó que han sido detenidas 19 personas, pero que cinco de ellas están “desaparecidas”, como el campesino Cano Angulo, y ni la Policía ni el Ejército informan sobre su paradero.
“A los campesinos los acusan 48 horas después del término constitucional. Lo hicieron basados en el abuso, independiente de la gravedad del caso. Nunca les permitieron asistencia legal ni información a la familia”, aseguró Gonzalo Carrión, abogado del CENIDH, en relación con tres acusados de participar en el ataque, reporta el diario.
Los detenidos han sido acusados de “conspiradores”, pero ellos han dicho que el objetivo era tirar piedras a las caravanas de sandinistas “para distraerlos”.
Otros detenidos en la DAJ, según Carrión, están aislados y no se les permiten visitas.
El pasado 23 de julio, Tamara González, tía y hermana de los siete detenidos de la familia González, denunció ante la CPDH que sus familiares capturados como sospechosos de participar en el ataque armado la caravana sandinista fueron capturados sin orden judicial, publicó el periódico nicaragüense El Nuevo Diario.
Y de acuerdo con El País, las redadas en el norte de Nicaragua han tenido errores, tal como sucedió con el caso de Maritza Ruiz Espino, una maestra de profesión y habitante de la provincia de Matagalpa.
Ella relató a las organizaciones de derechos humanos que su casa fue allanada a las tres de la madrugada por hombres que calzaban botas de estilo militar e iban armados, aunque no pudo asegurar si eran militares o policías.
Lo cierto es que entraron a su casa con violencia, la interrogaron por la ubicación de Wilfredo Balmaceda, exconcejal del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y al darse cuenta que se habían equivocado de casa las dejaron con un “discúlpenos”. Pero la casa de Balmaceda está al lado de la vivienda de la maestra Ruiz.
Además de los testimonios, los organismos de derechos humanos denuncian que hombres encapuchados señalan las casas donde supuestamente viven opositores, que luego son allanadas por los oficiales, indica El País.
“Lo que estamos viendo es una persecución, allanamientos ilegales a diferentes ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con este proceso”, dijo Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), según la publicación.
También la Iglesia Católica de Nicaragua ha expresado inquietud por el actuar de las autoridades. Los obispos de la Conferencia Episcopal se reunieron este miércoles en Juigalpa, en el centro del país, para analizar la tensión que vive el país .
Las autoridades nicaragüenses no han fijado posición oficial sobre las denuncias.