WASHINGTON. Cientos de miles de personas que se anotaron para el plan de salud creado por la nueva ley podrían perder su seguro si no resuelven rápidamente las interrogantes sobre su estatus inmigratorio o de ciudadanía. El gobierno advierte que el plazo para demostrar que uno es elegible vence el 5 de septiembre.
De los 8 millones de personas que se anotaron para recibir cobertura privada bajo la ley sancionada por el presidente Barack Obama, más de 2 millones tenían en determinado momento algún tipo de discrepancia que podía afectar su aptitud. Esa cifra se ha reducido enormemente, pero los casos restantes resultan difíciles de resolver.
Funcionarios en el Departamento de Salud dijeron que están enviando cartas a las 310,000 personas que tienen problemas de ciudadanía o estatus inmigratorio, muchas de las cuales no han respondido a mensajes anteriores.
En mayo había 970,000 personas con esta clase de problemas. Pero la mayoría de esos casos fueron resueltos o están en vías de solucionarse.
Las cartas advertirán a los usuarios restantes que deben descargar sus documentos en HealthCare.gov o enviarlos por correo. Caso contrario, perderán su cobertura el 30 de septiembre.
Las cartas están redactadas en inglés y español.
La nueva política afecta los 36 estados donde el gobierno federal ha encabezado el manejo de mercados de seguros por internet creados bajo la ley. No está claro qué sucederá en estados como California y Nueva York, que tienen sus propios mercados.
Los usuarios que tienen discrepancias no resueltas con sus ingresos recibirán avisos más adelante.
La nueva ley brinda cobertura de salud subsidiada a quienes no tienen acceso a seguro de salud a través del trabajo. Más del 80 % de los usuarios reciben subsidios para pagar sus primas, y en algunos casos la parte que deben abonar de su atención médica y medicamentos.
Pero esos subsidios pagados por los contribuyentes dependen de una multitud de requisitos. Los inmigrantes en situación ilegal no pueden recibir cobertura. Y el monto del crédito impositivo para pagar la prima varía por ingresos, tamaño de la familia, lugar de residencia y otros factores.
Faltan abogados para niños en NY
La ciudad de Nueva York y varios defensores legales hicieron un llamado urgente ayer para reclutar a abogados que puedan defender gratuitamente a niños en las cortes de inmigración ante el impulso del gobierno para acelerar los casos.
Nueva York ha recibido 3,347 niños centroamericanos que cruzaron solos la frontera este año, según cifras de enero hasta principios de julio, convirtiéndose en el segundo estado del país que ha absorbido mayor número de menores después de Texas. En la ciudad de Nueva York, sin embargo, solo 6 abogados se dedican a defenderlos a jornada completa, mientras que el resto de defensores son estudiantes de derecho y abogados voluntarios, que realizan el trabajo ocasionalmente probono.
Letitia James, defensora del pueblo de la ciudad de Nueva York, y representantes de las cinco organizaciones sin ánimo de lucro que defienden a los niños, criticaron duramente la nueva política federal de acelerar los casos de los menores en la cortes al asegurar que simplemente se quieren apresurar las deportaciones y que los niños no recibirán un trato justo.
Portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato una solicitud de respuesta por parte de Associated Press pero han señalado en los últimos días que el plan de acelerar casos incluye “audiencias judiciales justas y ágiles”.
Muchos de los niños son de Honduras, Guatemala y El Salvador. Las personas que acaban frente a una corte de inmigración en Estados Unidos no tienen derecho a abogados de oficio, pagados por el gobierno. Pueden contratar a abogados privados pero muchos inmigrantes no cuentan con suficientes fondos.
Para lidiar con el gran número de menores, el gobierno estadounidense ha iniciado un plan que aumenta el número de días a la semana en que los jueces de inmigración escucharán casos de niños. Se espera también que los menores vean mucho antes a un juez: en un plazo de 21 días desde que se activó su caso. Una segunda audiencia en la corte, aseguran los activistas, tardará ahora pocas semanas en ocurrir en lugar de varios meses . —AGENCIAS