La salvadoreña Gladis Fernández se plantó ayer frente al cuartel central del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) para unirse a un medio millar de activistas y religiosos que exigen a la administración del presidente Barack Obama acciones concretas que beneficien a los más de 11 millones de indocumentados que están en un limbo legal en Estados Unidos.
Los grupos dijeron que detener la deportación de niños migrantes centroamericanos debe ser una prioridad.
Sobre Fernández, que tiene 10 años de residir en EE. UU., pende un caso de deportación luego que la detuviera la policía de Maryland cuando una amiga le enseñaba a manejar en uno de los condados de ese estado habitado por cientos de miles de salvadoreños.
“Estoy aquí porque yo tengo en enero la corte de inmigración y he gastado bastante dinero en abogados; me detuvo la policía y me reportaron rápido a inmigración, así que a mi si me afecta el problema porque tengo mi hija que ya nació aquí”, comenta esta compatriota migueleña mientras se une al resto de manifestantes gritando consignas a favor de los indocumentados.
Luego, los manifestantes se desplazaron hasta la Casa Blanca, muchos de ellos dispuestos a realizar actos de desobediencia civil para evidenciar su inconformidad con la administración Obama por el tratamiento que esta da al tema migratorio.
Con lemas como “Si se puede” y “Obama, escucha, estamos en la lucha”, las asociaciones de activistas unieron sus voces en favor de legalizar a los más de once millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que hay en el país.
A diferencia de Gladis, que un arresto por desobediencia civil le causaría mayores complicaciones a su caso, otros salvadoreños como el poeta Carlos Parada, que goza del estatus de ciudadanía, manifestó en una carta abierta su disposición a ser arrestado junto a otros activistas y religiosos, convocados por organizaciones, iglesias y movimientos sindicales y de trabajadores en el área de Washington.
Al final de la protesta, la Policía de Parques federal informó que 145 personas fueron arrestadas y acusados de bloquear la acera. Fueron liberados tras pagar una multa de 50 dólares.
El director ejecutivo de Casa de Maryland, Gustavo Torres, una de las organizaciones más visibles en Washington con el movimiento a favor de los inmigrantes indocumentados, declaró que solo la presión podrá obligar a la administración Obama a considerar los beneficios para los indocumentados.
Esta organización junto a una red nacional de activistas enviaron un pliego de recomendaciones al Ejecutivo estadounidense ante el anuncio que hiciera Obama de tomar medidas ejecutivas ante la paralización en el Congreso, con mayoría republicana, para discutir una nueva ley de inmigración que permita arreglar el colapsado sistema migratorio.
Torres acentuó que estas acciones son para hacer ver al gobierno que urge un trato que permita a los miles de menores detenidos y a sus familiares permanecer en el país, a la vez de parar las deportaciones de padres y madres trabajadoras.
“Es una esperanza que nuestro presidente (Barack Obama) hará todo lo que su poder ejecutivo le permite para corregir estas injusticias que se están cometiendo. El presidente puede y debe poner fin a las deportaciones y a la separación de familias”, aseguró Torres.
Políticas regionales
Mientras, representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores de Centroamérica y Norteamérica analizan en Guatemala políticas regionales contra las migraciones.
La Conferencia Regional sobre Migración (CRM) se celebra en la sede de la Cancillería guatemalteca, en la capital.
El tema del encuentro a nivel técnico es “hacia un mecanismo regional para una protección integral de niños, niñas y adolescentes migrantes”, explicó el Ministerio del Exterior en un comunicado.
En la cita participan representantes de Guatemala, Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. —AGENCIAS.