Maduro prohíbe exportar y comprar por impulso

Economistas advierten mayor escasez, desabastecimiento e inflación en el país

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elsalvador.com

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2014-08-22 8:00:00

CARACAS. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, prohibió ayer, “terminantemente”, la exportación de los productos de la canasta básica de los venezolanos, la decisión, que será publicada por vía de decreto el próximo lunes, forma parte del conjunto de medidas tomadas por el Gobierno, bajo el argumento de atajar el contrabando.

“Queda terminantemente prohibida la exportación de todos los productos de la dieta básica de los venezolanos, porque Venezuela no exporta esos alimentos, los produce para consumirlos”, dijo Maduro durante un acto de Gobierno en Caracas.

“La orden está dada tanto a nivel militar de nuestra Fuerza Armada, como a nivel del Gobierno”, añadió.

El decreto que, según Maduro, será publicado el lunes , identificará “todos los productos” cuya exportación queda prohibida “de manera expresa” y establecerá “las penalidades de acuerdo a la ley, para el funcionario que permita por una unidad aduanera la exportación de esos productos”.

Esa medida se suma a la anunciada esta semana de instalar máquinas captahuellas para controlar las compras de los venezolanos, tanto en los supermercados públicos como en los privados.

Pero la decisión de Maduro de instalar un sistema biométrico ha generado una nueva polémica, ya que el Gobierno defiende que es para frenar el contrabando que ha generado una crisis económica.

Diversos sectores del país lo rechazan porque lo ven como un sistema de racionamiento de alimentos y economistas advierten que habrá mayor escasez e inflación.

Ante las críticas de la oposición y de los consumidores, Maduro afirmó ayer que el sistema biométrico no busca racionar las compras, sino liberar la actividad comercial de los contrabandistas. Es más, pidió a los venezolanos que no vayan a los supermercados a “comprar por comprar”.

“Los que se oponen al sistema biométrico están confundidos. El sistema biométrico no es para regular, es para que todo lo que produzca la república llegue al pueblo; no es para oprimir”, dijo el mandatario durante la reinauguración del Centro Deportivo Hugo Chávez Frías, en la parroquia Catia.

Y acotó: “Es un sistema para liberarnos de los contrabandistas, para que el pueblo pueda ir libremente a cualquier supermercado o abasto y conseguir sus productos”.

Sobre los límites de las máquinas biométricas, el presidente aseguró que “no se puede comprar por comprar” y que “cuando uno dice sin límites es relativo”, por lo que exhortó al pueblo a “despojarse de sus ambiciones materiales”.

Maduro, también, explicó que se impondrá un “sistema guía de referencia” para controlar lo que se produce en el país, lo que se importa, donde se distribuye, dónde se almacena y se vende.

El Gobierno enarbola la bandera de la lucha contra el contrabando como una salida ante la aguda escasez de bienes que afecta a todos los sectores: desde el farmacéutico al sanitario, pasando por el automotriz hasta la construcción.

Maduro ha dicho que su Gobierno se ha declarado “en batalla total contra el contrabando de extracción”.

En abril comenzó a aplicar un Sistema de Abastecimiento Seguro para controlar la compra de alimentos en la red de supermercados públicos, el cual consiste en una tarjeta electrónica que registra las operaciones de compra del consumidor y “garantiza”, al mismo tiempo, los alimentos a los ciudadanos. Según el Gobierno, más de 160,000 personas tienen ya, esa tarjeta electrónica en Venezuela.

La polémica

Sin embargo, ese mecanismo y el sistema biométrico anunciados por Maduro, son para la oposición el equivalente a la tarjeta de racionamiento cubana, un sistema por el cual el Gobierno de la isla subsidia un consumo básico mensual a sus ciudadanos.

El líder opositor, Henrique Capriles, ha criticado los anuncios chavistas.

“Quieren implementar un sistema biométrico en los mercados que no es otra cosa más que la tarjeta de racionamiento, otro fracaso del Gobierno”, indicó Capriles en Twitter.

También los consumidores han rechazado la medida que impulsa el Gobierno. El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, considera que se da por hecho que los consumidores son los que fomentan el contrabando y con ello se violan derechos ciudadanos.

“El contrabando es materia de prevención del Estado, es el Estado el que tiene que prevenir el contrabando, sancionar y combatir el delito, pero no a costa de los derechos de los ciudadanos”, indicó.

Parilli no cree que colocar máquinas para registrar las huellas de los venezolanos y controlar lo que compran sea la solución al desabastecimiento. “Es un problema de producción local, de importaciones, que están haciendo insuficiente el mercado para cubrir la demanda interna, eso no se resuelve con captahuellas”, dijo.

También economistas coinciden en que tales controles aumentarán la escasez, la inflación, la corrupción y el racionamiento. Aunque sí reconocen la necesidad de frenar el contrabando, consideran que los anuncios no atacan el problema de fondo: el fallido modelo económico, publicó ayer el periódico venezolano El Nacional.

El economista Ronald Balza, citado por el medio, opina que el ajuste nacional de precios no es más “que un nuevo golpe al poder adquisitivo de la familia venezolana”, que desde 2003 está presa de los controles del Gobierno, y opinó que la tarjeta biométrica no traerá beneficios.

De acuerdo al diario, también el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, critica las medidas anunciadas por Maduro.

Para Roig, solo servirán para “distribuir mejor la escasez en un país donde no se produce nada” y coincide con Capriles en que es una tarjeta para racionar la comida. “Ahora tendremos tarjetas de racionamientos del siglo XXI”, dijo.

Desde 2006, los venezolanos enfrentan dificultades de abastecimiento, pero a inicios de año, la escasez recrudeció.

Los empresarios han denunciado que el descenso en la venta de las divisas oficiales impidió, a muchas industrias, comprar en el exterior materias primas, repuestos y equipos, afectando su producción y el abastecimiento.

El Gobierno ha aplicado la estrategia de no revelar cifras de escasez ni desabastecimiento. El Banco Central de Venezuela tiene varios meses sin publicar esos indicadores, al igual que la tasa de inflación, aunque desde hace ocho años es la más alta de la región y del mundo. —AGENCIAS