En momentos en los que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, baraja qué medidas tomar al volver de su vacación de verano para paliar la crisis migratoria, activistas pro inmigrantes piden a la Casa Blanca que emita visas de trabajo, prioritarias, para que los padres de los menores de edad indocumentados detenidos en la frontera sur puedan reunirse con sus progenitores en suelo estadounidense.
Representantes de organizaciones e iglesias entre las que están Casa de Maryland y de Virginia, Centro de Recursos para Centroamericanos, (Carecen), Servicios Sociales de la Iglesia, entre otras redes a nivel nacional, presentaron ayer el pliego de peticiones que harán a la administración Obama, con el fin de que retome algunas de las recomendaciones.
El presidente Obama advirtió que tomará acciones por sí solo para aliviar las deportaciones de indocumentados, en vista de que el Congreso ha sido incapaz de aprobar una reforma migratoria.
La fecha que la misma Casa Blanca ha planteado para que el presidente emita algún decreto en esa vía es dentro de dos semanas.
“Hay dos categorías de personas que deben recibir visas de trabajo; primero, los padres que tengan niños en los Estados Unidos y también se pide que se reconozca la dignidad y contribución de la fuerza laboral inmigrante, por lo que se debe dar visa de trabajo a todo trabajador”, considera Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización Casa de Maryland.
La batalla de las organizaciones está orientada a que Obama reconozca la obligación moral de su gobierno para proteger a los niños que están cruzando la frontera y que se les deje unirse con sus familias en EE. UU., “ya que vienen huyendo de los altos niveles de corrupción, pobreza y criminalidad en sus países”, especialmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, indicaron sus voceros.
También piden que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) limite las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, encargado de la captura de indocumentados y de las deportaciones.
Para los activistas, esta agencia federal tiene demasiadas facultades al tener acceso directo a las bases de datos de las policías locales, estatales y federal para rastrear la información de personas detenidas por la policía y que no tienen un estatus legal en EE. UU. En ese sentido, creen que debe desaparecer el programa de Comunidades Seguras que facilita esas acciones.
Durante los próximos días anuncian una serie de medidas como desobediencia civil frente a la Casa Blanca, las cuales se extenderían hasta el 28 de agosto, fecha que consideran decisiva para que el presidente Obama se pronuncie sobre las medidas administrativas que tomaría ante la crisis migratoria.
Polémica en Carolina Sur
Entre tanto, varios funcionarios del condado de Beaufort criticaron al gobierno federal por llevar a niños migrantes a Carolina del Sur sin avisar a las autoridades locales.
El senador estatal Tom Davis calificó el traslado como una falta de respeto al estado y el director de la policía P.J. Tanner denunció que el gobierno federal se estaba excediendo de sus funciones, según el diario The Island Packet of Hilton Head.
El gobierno federal reportó que unos 430 niños migrantes, que llegaron sin acompañante a la frontera sur de EE. UU. y que en su mayoría huyen de la pobreza y violencia de sus países, fueron trasladados a Carolina del Sur.