MÉXICO. Cinco ciudades del estado mexicano de Sinaloa, en el noroeste del país, fueron escenario ayer de manifestaciones de periodistas contra una reforma legal del Congreso estatal que limita la cobertura informativa de los sucesos policiales y hechos delictivos.
Tras la aprobación en julio pasado del Articulo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General (fiscalía) de Justicia del Estado, trabajadores de medios de comunicación y periodistas autónomos, así como organizaciones civiles, se unieron en las calles para mostrar su rechazo a la llamada “Ley mordaza”.
La manifestación se realizó de forma simultánea en Culiacán, la capital sinaloense, y en Mazatlán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis.
En Culiacán, alrededor de 200 personas mostraron por el centro de la ciudad una gran lona con la imagen de un periodista con un candado en la boca.
“Estamos unidos en Sinaloa por el derecho a saber”, afirmó a Efe el reportero José Alfredo Beltrán para justificar su presencia en la caminata, que dio inicio en las escaleras del Templo de la Lomita y terminó en el atrio de la Catedral.
“No es callando a los medios como la democracia puede consolidarse en Sinaloa; por el contrario, pretender amordazarlos es una retroceso autoritario que afecta a todos los ciudadanos”, indicó por su parte Raquel Sapién, conductora de radio.
La polémica reforma se aprobó el pasado 30 de julio y dos días después el Congreso y el gobernador Mario López anunciaron que la derogarían, pero la marcha atrás de las autoridades, que aún no se ha concretado, no impidió que los medios exigieran este jueves libertad de prensa.
Según reza el texto legal, “los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública”.
“En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”, agrega.
Además, señala también que “ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa” del fiscal general del estado. —AGENCIAS.