WASHINGTON. La Casa Blanca endureció ayer su lenguaje ante la crisis creada por la llegada masiva de niños centroamericanos a la frontera sur de Estados Unidos, al asegurar que la “mayoría” de ellos no cumplirá los requisitos para permanecer en el país por motivos humanitarios y serán deportados.
“Es improbable que la mayoría de estos niños que pasan por un proceso (judicial tras su llegada a EE. UU.) puedan cumplir los requisitos para el alivio humanitario, lo que significa que la mayoría no tendrá una base legal para permanecer en este país”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en rueda de prensa.
“Si no cumplen esos requisitos (para permanecer como refugiados), serán enviados de vuelta” a sus países, sentenció Earnest.
Según expertos en migración, quienes podrían calificar para el asilo son las víctimas de violencia intrafamiliar, pero aquellos que hacen el viaje por la violencia de las pandillas tendrían más dificultades para calificar a ese estatus.
Hasta ahora, la Administración del presidente Barack Obama había indicado únicamente que los niños indocumentados que llegan solos al país entran en un proceso de deportación, pero el tribunal de inmigración resuelve su situación caso por caso y examina los riesgos que pueda suponer para ellos regresar a su país de origen.
El Gobierno estadounidense presentará hoy al Congreso su plan definitivo para acelerar la deportación de los niños centroamericanos que llegan a la frontera, procedentes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Aunque la Casa Blanca no ha confirmado la cifra, varios medios apuntan a que la legislación de gasto suplementario de emergencia que Obama solicitará al Congreso para hacer frente a la crisis ascenderá a unos $2,000 millones.
Pero ayer tarde trascendió que Obama ha decidido no solicitar por ahora nueva autoridad legal para deportar más rápido a los menores inmigrantes no acompañados.
El enfoque es un cambio en la forma que la Casa Blanca había indicado que planeaba actuar y sigue a las críticas de defensores de los inmigrantes que dijeron que la postura del gobierno era demasiado dura.
La decisión fue confirmada por dos asistentes legislativos que hablaron a condición de no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar antes del anuncio oficial. —AGENCIAS