Un tribunal guatemalteco condenó hoy a 63 meses de cárcel a cada uno de dos exjefes de seguridad del expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), por una millonaria malversación de fondos públicos, informaron fuentes judiciales.
De acuerdo con el Tribunal Segundo de Sentencia de Guatemala, los militares retirados Napoleón Rojas y Jacobo Salán participaron en marzo de 2001 en el traslado de 3,8 millones de dólares sustraídos en efectivo del Ministerio de Defensa Nacional hacia el estatal banco de Crédito Hipotecario Nacional (CHN)
Esos recursos formaban parte de 15,4 millones de dólares malversados de la cartera de Defensa durante el Gobierno de Portillo, quien cumple una condena de cinco años y 10 meses de prisión por lavado de dinero en Estados Unidos.
Salán y Rojas, detenidos en junio y septiembre de 2010, respectivamente, fueron jefes de seguridad del exmandatario.
El tribunal revocó el arresto domiciliario de los dos condenados y ordenó el ingreso a prisión de los exfuncionarios, quienes afirmaron que apelarían la sentencia.
La fiscalía guatemalteca, apoyada en el caso por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, dependiente de la ONU), había solicitado diez años de cárcel para los sindicados.
El exfuncionario del Gobierno de Portillo José Armando Llort Quiteño inculpó durante el juicio a ambos exjefes de seguridad.
De acuerdo con el testimonio de Llort Quiteño, brindado a través de una videoconferencia desde Nueva York, Salán y Rojas transportaron los 3,8 millones de dólares.
Llort Quiteño, de nacionalidad salvadoreña, conoció a Portillo a inicios de 1999 y, tras financiar su campaña electoral, el gobernante lo designó como presidente del banco CHN, según la Cicig.
El exfuncionario, bajo la protección de la justicia estadounidense como informante en un caso de narcotráfico, facilitó desde su puesto en el CHN operaciones financieras para lavar millones de dólares que procedían del Estado, de acuerdo con la misma fuente.
Llort Quiteño manifestó que fue el mismo Portillo quien le envió los 3,8 millones de dólares en marzo de 2001 y que los implicados tardaron en llegar al banco a dejar el dinero porque contaron el mismo en la casa del exmandatario.
La condena obliga a los procesados a pagar una multa de 18.500 (2.380 dólares) cada uno y los intereses que hayan generado los 3,8 millones de dólares desde 2001 hasta que el fallo quede firme, así como el pago de las costas procesales, señaló la Cicig.
La Fiscalía aportó también como pruebas los estados de cuentas de depósitos monetarios del Ejército, en los cuales se acredita el lugar, la fecha y la forma utilizada para sustraer la suma millonaria.
El juicio comenzó en la última semana de mayo pese a que los abogados defensores solicitaron la desestimación de los cargos, argumentando que Portillo y sus exministros de Defensa y de Finanzas, Eduardo Arévalo y Manuel Maza Castellanos, respectivamente, fueron absueltos del mismo cargo en mayo de 2011 tras ser juzgados.
El juez que dictó la condena, Raúl Ramírez, ordenó a la Fiscalía continuar con las investigaciones para hallar a todos los responsables por la malversación, de acuerdo con la Cicig, aunque también señaló que no pretendía entrar en polémica con el fallo que absolvió a Portillo.