MANAGUA. Aunque tener su propio canal interoceánico es un sueño que el país ha acariciado con frustración por siglos –en especial, después que Panamá inaugurara el suyo en 1914- expertos y empresarios presentaron 31 recursos por inconstitucionalidad contra la obra.
Sin esperar mucho, los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia fallaron en solo cuatro meses rechazando todos los recursos a la vez, lo cual dio “luz verde” a la obra.
Desde el punto de vista legal, abogados y políticos cuestionaron que siendo la “ley canalera” es una normativa ordinaria se requiera una mayoría del 60 % de votos para derogarla, en vez de 47 como corresponde.
Por otra parte, señalan que esa ley ordinaria manda a derogar algunos artículos de la Constitución del país que chocan con esa normativa, cuando lo correcto es que se derogue cualquier ley que se oponga a la Constitución.
De hecho, a finales del año pasado los diputados de Ortega reformaron la Carta Magna para que su texto coincidiera con la “ley canalera”. El texto impide que se demande por cualquier razón a Wang Jing aunque él sí puede hacerlo.
Los ambientalistas también reclamaron porque, a su juicio, las aguas del Lago de Nicaragua (de 8,000 kilómetros cuadrados de extensión), al que se considera la gran reserva de agua dulce de Centroamérica, dejarían de servir para el consumo humano.
El dragado de su fondo y el peligro de que un buque derrame hidrocarburos o cualquier otro químico por accidente, son otros de los riesgos que destacan los expertos.
También hay dudas comerciales porque no saben si habrá mercado suficiente para operar dos canales interoceánicos en la región: el de Panamá y el de Nicaragua, en caso que se termine la obra.
Además de dudas financieras por lo que implica conseguir $10,000 millones más para construir el canal que, de por sí ya era un desafío reunir $40,000 millones.
Además, hay economistas que han protestado al saber que la “ley canalera” otorga un “seguro” a Wang, mediante el cual el Estado se compromete a a devolverle el dinero invertido si no se construye la obra.
Aparte de ello, Ortega ha comprometido al Banco Central de Nicaragua, cuyas reservas internacionales en dólares podrán usarse para pagarle a Wang.
Es por eso que muchos sectores nicaragüenses no pueden entender cómo es que los diputados del oficialista FSLN aceptaran y aprobaran que producto de la concesión canalera a HKND solo “procure” el pago de $100 millones en 10 cuotas anuales de $10 millones cada una.