La ex primera ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra, permanecerá retenida tres días en un cuartel militar, tras comparecer ante la Junta que ha dado un golpe de Estado.
El medio tailandés Naew Na informa de que Yingluck está siendo trasladada a un cuartel de la provincia de Saraburi, aledaña a Bangkok.
Yingluck, forzada a dimitir hace dos semanas por el Tribunal Constitucional que la consideró culpable de un delito de abuso de poder, es una del más de un centenar de personalidades que la nueva Junta militar tailandesa citó hoy en el Club del Ejército en Bangkok, bajo orden de arresto si no cumplían.
Su sucesor, Niwatthamrong Bonsongpaisan, quien se encontraba en paradero desconocido desde la asonada perpetrada ayer, también se personó, así como Somchai Wongsabat, primer ministro en 2008, y la esposa de éste, Yaowapa, que es hermana de Yingluck.
Otro de los convocados fue Noppdon Pattama, asesor legal del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, hermano de Yingluck y Yaowapa y figura clave de la crisis política que consume a Tailandia.
Las citaciones se emitieron poco antes de que el jefe del Ejército, Prayuth Chan-ocha, se autoproclamara primer ministro en funciones de Tailandia.
Un portavoz del Ejército, el coronel Werachon Sukhondhadhpatipak, indicó horas después que han sido detenidas más de cien personas.
Reafirman su poder
La nueva junta militar de Tailandia afianzó hoy su poder, que tomó ayer tras dar un golpe de Estado, al nombrar al jefe del Ejército, Prayuth Chan-ocha, como primer ministro, citar a decenas de políticos y acentuar el control sobre la prensa, pese a las condenas de la comunidad internacional.
El Consejo para el Mantenimiento del Orden y la Paz Nacional, el nombre oficial de la junta, también prohibió salir del país a 155 personalidades, incluidos miembros del Gobierno depuesto.
La intervención militar se produjo después de ocho meses de protestas para derribar el Gobierno que han causado 28 muertos y más de 800 heridos.
En menos de 24 horas del golpe de Estado, el duodécimo de la Tailandia democrática, los campamentos de los manifestantes antigubernamentales y progubernamentales en Bangkok se han desmantelado y sus ocupantes han regresado a sus casas.
La Constitución ha sido suspendida, salvo algunas disposiciones, se ha decretado el toque de queda desde las 22.00 a las 05.00, se han prohibido las reuniones públicas de más de cinco personas y se ha amordazado la prensa, con cierres de canales de radiotelevisión y la amenaza de clausurar cualquier medio que provoque agitación.
Aunque la junta militar tiene retenidos a los jefes de los movimientos antigubernamental y progubernamental (camisas rojas), y la mayoría de sus seguidores han regresado a sus casas, algunos se atrevieron hoy a expresar su descontento.
Un grupo de 80 personas marchó por el Movimiento a la Democracia, otro de unas 300 se concentró en el centro comercial de Bangkok y grupos más pequeños manifestaron su descontento en otras zonas de la capital, o en otras ciudades del país.
La protesta en el corazón financiero de Bangkok acabó por ser disuelta por soldados, que detuvieron a cinco personas, a las que luego pusieron en libertad tras tomarles sus datos.
“Queremos elecciones, no queremos el control del Ejército. Estoy enfadado, muy enfadado. ¿Por qué tiene el primer ministro que ir a declarar ante el jefe del Ejército? ¿Qué está ocurriendo?”, declaró a Efe bastante agitado Reungsak, en el Club del Ejército.
Otros defendieron la intervención militar, como Panya Prommanon: “No importa, ahora al menos hay paz. No pasa nada porque la democracia de los camisas rojas está mal”.
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, indicó que “no hay justificación para este golpe de Estado”, reclamó la inmediata restauración del gobierno civil y adelantó que la asonada “tendrá implicaciones negativas” en la relación bilateral.
La ONU, la Unión Europea y otros países también han expresado su preocupación por el camino adoptado por Tailandia.
“Estoy muy preocupada por el reemplazo por la fuerza de un Gobierno electo, por la imposición de la ley marcial, por la suspensión de la Constitución y las medidas de emergencia que están restringiendo el disfrute de los derechos humanos”, dijo hoy la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay