WASHINGTON. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó ayer un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que han dejado 42 muertos en Venezuela.
Con la aprobación del panel de 18 miembros, 10 de ellos demócratas, la iniciativa será remitida ahora al pleno del Senado.
El presidente de la comisión, el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, dijo a periodistas tras la sesión que “nuestro mensaje es bien claro: No vamos a aceptar violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que abogan pacíficamente por sus derechos”.
El funcionario asegura que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, está dispuesto a “extremos peligros” contra los opositores (ver nota aparte).
Menéndez es autor de la legislación junto al republicano por Florida Marco Rubio, quien expresó su expectativa de que el pleno del Senado celebre una votación “en cuestión de semanas, no meses”.
El proyecto de ley pide al presidente Barack Obama suspender visas y congelar bienes en territorio estadounidense a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
La legislación no identifica a funcionarios específicos, tarea que correspondería al Departamento de Estado. Rubio señaló que al menos 25 funcionarios venezolanos reúnen las condiciones para sufrir sanciones, y dijo que planea sugerir nombres al gobierno federal.
La comisión equivalente en la cámara de representantes aprobó a comienzos de mes un proyecto de ley similar, cuya votación en el pleno de la cámara baja aún no tiene fecha definida.
“Hay que reconciliar los dos proyectos. Estoy optimista de que esto va a ocurrir pronto”, agregó Rubio.
El principal republicano en la comisión, el senador por Tennessee Bob Corker, y el demócrata por Nuevo México Tom Udall fueron los únicos que votaron en contra del proyecto de ley.
Corker dijo no tener dudas de que “están ocurriendo violaciones a derechos humanos” en Venezuela, pero atribuyó su voto en contra por su temor de que “el gobierno de Maduro use las sanciones nuestras para justificar todos los problemas que existen en el país”.
Las protestas callejeras en Venezuela han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2,500 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General venezolana.
Diálogo sigue estancado
Mientras tanto, los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) dejaron Venezuela sin lograr avances en el diálogo entre el gobierno socialista de Nicolás Maduro y la oposición, sembrando dudas sobre el futuro de las conversaciones para terminar con la peor crisis que ha tenido Venezuela.
La coalición opositora “congeló” el diálogo la semana pasada acusando al Gobierno de torpedearlo y negarse a liberar a los “presos políticos”, de sus principales demandas.
“No hay hechos nuevos que nos permitan cambiar de posición como desearíamos”, dijo ayer el vocero de la oposición, Ramón Guillermo Aveledo. —AGENCIAS.