VENEZUELA. Abogados, profesores universitarios y estudiantes realizaron ayer protestas pacíficas en diferentes puntos de la capital venezolana en rechazo a las detenciones de jóvenes y juristas durante las manifestaciones de los últimos tres meses.
Las universidades públicas y privadas del país también se unieron a las protestas con un paro nacional de 24 horas.
Al grito de “Y cuál, y cuál revolución, si este gobierno es hambre, miseria y corrupción”, cerca de un centenar de universitarios y abogados, algunos de ellos vestidos con togas y birretes, se concentraron en una de las principales avenidas del centro de Caracas para marchar hasta la sede de la Fiscalía General y exigir la liberación de estudiantes y juristas detenidos.
Los abogados trataron de marchar para llevar un documento hasta la sede de la Fiscalía, pero la manifestación no pudo superar un cordón de cientos de efectivos de la Guardia Nacional (GN, policía militarizada) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que bloqueó el paso hacia el centro de la ciudad.
Algunos de los policías aguardaban a los manifestantes con equipos antimotines. Los cuerpos de seguridad alegaron que no tenían permiso de las autoridades para hacer la marcha.
Medios locales reseñaron que “el comandante de la PNB dice que sus superiores dieron la orden de no dejar pasar la marcha”.
“Hoy salimos a la calle y vamos a seguirlo haciendo porque ya no podemos seguir permitiendo este tipo de atropellos contra todos los ciudadanos”, dijo Ivett Lugo, presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, al rechazar el bloqueo de la marcha opositora por las autoridades.
“El país lo tenemos perdido. Es obligación de nosotros rescatarlo, rescatar la democracia, rescatar las instituciones”, indicó Lugo al asegurar que los abogados se mantendrán en las calles exigiendo el respeto a la constitución y las leyes.
La agremiada agregó que el propósito era entregar el documento, pero además exigir la libertad de nuestros colegas que han sido privados ilegítimamente”.
La abogada aseguró que los defensores han sido limitados ejerciendo la defensa de los manifestantes detenidos en las protestas y que dos de ellos aún permanecen detenidos.
En un comunicado exhortan a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz “se sirva de dar cumplimiento a los deberes inherente a su cargo previsto en la constitución”, declaró a Efe Lugo.
Los maestros
Varias decenas profesores universitarios también realizaron en las cercanías de la estatal Universidad Central de Venezuela una concentración pacífica.
Los maestros exigieron que los estudiantes detenidos durante las protestas fueran liberados y en la otra unos pocos centenares de abogados y estudiantes reclamaron el derecho al ejercicio de la defensa de los detenidos.
Lo que “estamos defendiendo hoy es el derecho a los estudiantes a la protestas, es el respeto a la constitución y es el respeto a la declaración universal de los derechos humanos”, dijo el presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), Víctor Márquez, a periodistas.
“Esta es una actividad para solidarizarse con el movimiento estudiantil”, agregó el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Márquez señaló que los profesores exigen al Gobierno de Maduro que “regrese al cauce constitucional, que deje de violar los derechos humanos, que deje de detener estudiantes injustamente y que se preocupe de detener la delincuencia que está asesinando cientos de venezolanos mensualmente”.
En medio de la protesta, algunos de los universitarios abrazaron a las mujeres policías que habían formado un cordón humano para evitar el avance a la marcha opositora.
Milena Guillén, una estudiante de derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, de 22 años, justificó su acción señalando que “queremos dar un mensaje que nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra el gobierno, contra las personas que le están dando órdenes a estas personas”.
Venezuela se ha visto sacudida en los últimos cien días por protestas de universitarios y opositores en contra de la desbordada inflación, el desabastecimiento de bienes básicos y un alto índice de delincuencia.
Los incidentes han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2,500 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados, según datos de la Fiscalía General.—AGENCIAS.