CARACAS. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó ayer una ley para imponer sanciones a venezolanos responsables de abusos a los derechos humanos durante protestas en contra del régimen de dicho país, pese a los temores de la administración del presidente Barack Obama de que podrían amenazar negociaciones que buscan calmar la tensión.
La ley autorizaría al Gobierno estadounidense a negar la visa de entrada a EE. UU. a venezolanos considerados responsables de abusos durante tres meses de manifestaciones antigubernamentales y congelar sus activos.
El proyecto fue aprobado por la Cámara baja, con el apoyo de demócratas y republicanos. Un proyecto similar aprobado por la comisión de Relaciones Exteriores del Senado todavía no ha sido sometida a votación por el pleno del Senado, pero está a un paso de hacerlo.
“El Congreso de EE. UU. debe estar preparado para actuar por la causa de la libertad y la democracia en todo el mundo”, dijo la congresista republicana de Florida Ileana Ros-Lehtinen en un discurso ante la Cámara buscando el apoyo para el proyecto legislativo.
Antes de la aprobación a viva voz, que no requiere de recuento, el debate sobre el texto legislativo contó también con el apoyo del demócrata por Texas Joaquín Castro, así como de otros tres republicanos, además de Ros-Lehtinen.
“Los ojos de este Congreso y la comunidad internacional están sobre Venezuela viendo cómo el presidente, Nicolás Maduro, y sus fuerzas de seguridad reprimen a los manifestantes. Es una tragedia absoluta que 42 personas hayan muerto en las protestas (…) y también me preocupa que el líder opositor Leopoldo López siga en la cárcel por (falsos) cargos”, alegó Castro.
El Senado cuenta con su propio proyecto de ley al respecto, liderado por el senador demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio, el cual ya obtuvo el beneplácito del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta, y tiene que ser sometido al pleno.
En caso de que el texto de los senadores también sea aprobado, deberá armonizarse con la propuesta de la Cámara de Representantes, y si se llega a un texto único, sólo necesitaría la firma de Obama para que entrase en vigor.
Obama ha intentado frenar el impulso que han logrado las sanciones en el Congreso y argumenta que necesita un compás de espera para ver si las conversaciones entre el régimen y la oposición rinden frutos.
A este respecto, Ros-Lehtinen aseguró que “las llamadas discusiones” entre ambas partes no han supuesto “ningún resultado, ninguna acción, ninguna concesión y los inocentes continúan en prisión”.
Rechaza acusaciones
Mientras, el Gobierno estadounidense tachó ayer de “falsa e infundada” la acusación del chavismo de que el embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, está involucrado en un plan de “magnicidio” y “golpe de Estado” contra Maduro.
“Hemos visto muchas veces que el Gobierno venezolano intenta distraer de sus propias acciones al culpar a EE. UU. o a otros miembros de la comunidad internacional de acontecimientos que ocurren dentro de Venezuela”, añadió la fuente, que pidió el anonimato.
La denuncia sobre Whitaker provino del alcalde de Caracas y dirigente nacional del Partido Socialista (PSUV), Jorge Rodríguez, quien también acusó a la exdiputada opositora María Corina Machado, pero ella lo negó. Rodríguez presentó como prueba varios correos electrónicos supuestamente enviados por Machado a otros opositores. —AGENCIAS.