VENEZUELA. Los problemas económicos y la violencia acosan al gobernante de Venezuela Nicolás Maduro y atizan las protestas contra su gobierno, un año después de haber asumido con la promesa de mantener el legado de su mentor Hugo Chávez y frenar la inflación y el crimen.
En su investidura el 19 de abril 2013 se fijó como metas frenar la tendencia alcista de la inflación de alrededor del 30 % y el aumento de la delincuencia, con 17,000 homicidios anuales en una nación de 30 millones de personas. Por desgracia, la situación continúa deteriorándose desde entonces.
Cifras también muy negativas en la lucha contra la inseguridad: Venezuela se ha convertido en el segundo país más violento del planeta, según la ONU.
Los datos ofrecidos por diversas ONG hablan de 25,000 homicidios en 2013 y una inflación que coquetea con el 60 %. A estos males se suma la escasez de divisas, más del 15 % y el contexto de desabastecimiento y la consecuente dificultad de la población para acceder a bienes básicos.
Según Datanálisis, en el primer trimestre, de cada 10 alimentos que se buscaban, sólo se encontraban cinco.
De acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela, el índice de escasez durante el primer mes de 2014 fue de 28 por ciento.
En estos doce meses Maduro fue perdiendo popularidad: actualmente ronda el 40 %, en los mínimos históricos del chavismo.
Con las mayores reservas petroleras del mundo, Venezuela atraviesa una crisis económica con la inflación más alta de América Latina, un déficit fiscal de entre 15 y 18 % del PIB, una escasez de productos básicos de 28 % y una sequía de dólares para importadores.
Analistas económicos explican la situación en una caída en la producción de bienes (incluido el petróleo, fuente casi única de divisas), once años de férreo control cambiario, alza de las importaciones de productos básicos y el pago de deuda.
Ante la crisis, Maduro denunció incesantemente una “guerra económica de la burguesía”, que trató de frenar confiando parte de la gestión a los militares y con medidas que iban desde rebajas forzosas en los precios y fijar un máximo de 30 % de ganancias hasta una flexibilización del mercado cambiario.
Pero sus esfuerzos pasaron a segundo plano con las protestas iniciadas en febrero pasado, calificadas por el gobierno como un “golpe de estado en desarrollo”.
Los malos datos económicos de 2013 sumados a la inseguridad alentaron de nuevo las protestas de sectores estudiantiles. Estas se repitieron en todo el país, así como los episodios de violencia que dejan un saldo parcial al día de hoy de 41 muertos y más de 650 heridos.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, desde el inicio de las protestas han sido detenidas 2,377 personas, de las que 96 permanecen privadas de su libertad.
Esas protestas también dejaron otro dato, el del número de detenidos, entre ellos varios dirigentes opositores con Leopoldo López a la cabeza, a quien, asegura la oposición, se le acusó de cuatro delitos sin una sola prueba y por llamar a pedir la renuncia del Gobierno.
Además, las ONG han recopilado unos 60 casos de torturas y tratos crueles, y la diputada opositora María Corina Machado fue despojada de su escaño en una maniobra inconstitucional del chavismo.
López, Machado y Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas, exigieron una renuncia, la de Maduro, que nada indica vaya a suceder. Las otras “salidas”, Asamblea Constituyente o enmienda, no caben en la actual situación política. Sólo tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la oposición podría plantear un referéndum revocatorio contra el presidente, una vez transcurridos tres de sus seis años de mandato.
El Gobierno y la oposición dialogan sobre cómo salir de la crisis con los buenos oficios de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, y con la economía en el fondo como el principal caballo de batalla del Ejecutivo.
En tanto, congresistas estadounidenses preparan una “lista negra” para sancionar a funcionarios implicados en la represión de las protestas populares en Venezuela, según informó el diario El Nuevo Herald.
Alrededor de 30 personas aparecen en la lista preliminar que abarcaría a más de 100 personas, incluyendo al gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, así como José David Cabello, hermano del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y los generales Justo Noguera y Antonio Benavides Torres. En la relación también aparece un testaferro del vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, y que maneja una gigantesca fortuna en el sur de Florida, según lo que dijo al diario una fuente no identificada de Washington.
La iniciativa introducida en ambas cámaras del Congreso y que castigaría a funcionarios del régimen de Maduro, al congelar sus bienes en EE. UU., es impulsada, entre otros, por los congresistas de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen y Marco Rubio. En caso de que el proyecto de ley fuera aprobado, la lista que está siendo preparada en el Senado sería enviada al Departamento del Tesoro, entidad que se encargaría de aplicar las sanciones. —AGENCIAS