VENEZUELA. Ante la fuerte presión social por el grave desabastecimiento y la escasez de alimentos básicos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tenido que improvisar medidas para tratar de mermar las protestas.
Maduro confirmó que las familias tendrán “una tarjeta bancaria” para “garantizar la satisfacción” de necesidades básicas y para la compra de electrodomésticos, además les regalarán casas, autos y motocicletas a quienes se inscriban en ese programa, publicaron medios locales.
El chavista calificó la disposición como “un sistema superior” para “aplastar a los especuladores”, pero lo cierto es que el sistema que quiere implementar es similar al que existe en Cuba con la tarjeta de racionamiento de alimentos.
“Voy a lanzar un nuevo sistema con un conjunto de componentes que fortalezcan el apoyo de la familia que va a abastecerse. Es un sistema con una tarjeta bancaria electrónica”, anunció.
El desabastecimiento es uno de los principales problemas que afrontan los venezolanos y que el sábado expresaron miles durante una manifestación en varias ciudades del país, debido a que en los supermercados no encuentran pollo, café, aceite, harina, y productos de primera necesidad como papel higiénico, pasta dental y desodorante.
El mismo Gobierno ha admitido que 28 de cada 100 productos medidos no se encuentran ni tienen sustituto, pero responsabiliza de la crisis a “una guerra económica” de la oposición política y empresarial.
Pero a la escasez se une la inflación que ha llegado al 56 % en 2013 y se ha convertido en la más alta del mundo.
Maduro detalló que el nuevo sistema para adquirir productos de primera necesidad, y también electrodomésticos será articulado por el gobierno a través de la Ley de Precios Justos, que entró en vigor el pasado 24 de enero.
La normativa establece ganancias máximas de 30 % a las empresas y duras penas administrativas y penales, que van de 2 a 14 años de prisión, para quienes incurran en especulación, acaparamiento y contrabando de bienes.
Empresarios rechazan ley
Mientras tanto, la principal gremial empresarial venezolana, Fedecámaras, pide el gobierno chavista que haga una revisión de la Ley de precios justos porque la consideran “inconstitucional”.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, aclaró que Fedecámaras no es una institución para ejercer poder político, “nuestra institución no es una institución de oposición, sino de posición, para influenciar el poder político”, publicó el diario venezolano El Universal.
Roig agregó que su gremio entregará una serie de propuestas al Gobierno dirigidas al ámbito empresarial que además contendrá una solicitud de revisión de la Ley de Costos y Precios Justos por ser “inconstitucional”, pero por ahora no pedirán la nulidad de la ley ante Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debido a que están en conversaciones con el Gobierno.
El dirigente empresarial reiteró que “la causa de todos los problemas es el modelo económico” que “incentiva la corrupción y los desequilibrios económicos”.
También instó al chavismo a “dar unas señales muy claras de que aquí no van a haber expropiaciones, de que aquí están bienvenidas las inversiones para poder repatriar capitales, que no te van a perseguir porque eres empresario, que no criminalicen a los dirigentes empresariales, ni sindicales”.
Para ello pidió “políticas económicas adecuadas para que salgamos de la crisis económica en un tiempo”.
Roig también se refirió a la ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá y dijo que la gremial analizará el impacto que tendrán.