COLOMBIA. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, perdió la batalla. El presidente Juan Manuel Santos firmó ayer tarde la destitución e inhabilidad por 15 años decretadas por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Así, el jefe de Estado hizo caso omiso y desafía la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgar medidas cautelares.
El mandatario comunicó la decisión que tiene implicaciones políticas a dos meses de los comicios en los que buscará su reelección, y que podría tener repercusiones en la negociación de paz que mantiene en Cuba con las FARC para poner fin a un conflicto interno de 50 años.
“El Gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares”, dijo Santos desde la sede de la presidencia.
Acto seguido, Santos nombró al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como alcalde encargado de la ciudad.
Es la primera vez en la historia, que el país que no acoge las recomendaciones de la CIDH.
Petro, exguerrillero del M-19, luchó durante cien días en los tribunales colombianos e internacionales para impedir que se hiciera efectiva la destitución ordenada por el procurador general, con el argumento de que cometió fallas gravísimas de tipo administrativo al cambiar el modelo de recolección de basuras de la capital de manos privadas a públicas.
“El Gobierno de Colombia entiende la importancia y ha defendido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Considera, sin embargo, que el papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno”, manifestó el presidente. Luego señaló que la Cancillería entregará las explicaciones del caso.
—AGENCIAS.