Las “violaciones sistemáticas” a los derechos humanos son el pan de cada día en Venezuela a medida que arrecian las protestas de la oposición y aumenta la represión ordenada por el régimen de Nicolás Maduro, denunciaron representantes de organizaciones de derechos humanos de Venezuela ante el Centro de Análisis Diálogo Interamericano.
Dos representantes de organizaciones protectoras de derechos humanos en Venezuela que llegaron ayer a Washington para hacer una presentación sobre el país suramericano, esta semana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicaron la crisis venezolana a analistas y académicos de la entidad.
Desde el pasado 12 de febrero el país petrolero vive inmerso en protestas diarias que han dejado hasta la fecha 35 muertos, cientos de heridos y más de un millar de arrestados que han denunciado torturas por parte de los cuerpos de seguridad chavistas.
Liliana Ortega, directora de la organización Cofavic (organización no gubernamental para la protección de derechos humanos), y Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad, IPYS, coincidieron en que la situación tiende a deteriorarse, mientras gran parte de los gobiernos de países latinoamericanos, tienden a ver hacia otro lado con lo que sucede en Venezuela.
Ortega afirmó que según sus propios monitoreos hay, por parte de estructuras del Estado, “violaciones sistemáticas”, de las cuales ya se han documentado más de 50 casos de torturas. Pero destacó que existe un problema: las víctimas no pueden recurrir a las instancias públicas como la Fiscalía General ni a la Defensoría del Pueblo, porque esas instancias están alineadas con el chavismo.
Ambas activistas destacaron también que los procesos de persecución contra funcionarios y dirigentes de la oposición como los casos de María Corina Machado, Leopoldo López y los dos alcaldes -condenados sin derecho a defensa- “expone de una manera clara y contundente que los principios de institucionalidad democrática de Venezuela no existen y que el mundo debe hablar”.
Para la activista, solo una posición crítica de los gobiernos latinoamericanos pidiendo que se cumplan los debidos procesos contra los opositores encarcelados y vapuleados en las calles por agentes del Estado, cambiaría el rumbo de una situación que tiende a empeorarse con el paso de los días.
“Creo que esto es un desafío para todos, para el movimiento de derechos humanos y, sin duda alguna, para los gobiernos y los organismos internacionales”, externó.
Criticó que la reacción de los gobiernos del continente “ha sido muy tímida en la defensa de principios; yo creo que en las Américas ha habido mucha timidez”, reprochó Ortega.
Asimismo, enfatizó que en materia de protección de derechos fundamentales no debe existir un doble rasero, porque “cualquier violación a los derechos humanos, indiferente a lo que sea cualquier posición ideológica de los gobiernos, debe ser sancionada”.
También subrayó que la falta de credibilidad en las instituciones públicas -copadas en su totalidad por el régimen chavista- mina las garantías ciudadanas de ser escuchados y pone en riesgo a las víctimas porque existe una condena antes de iniciar un proceso judicial solo por ser opositores al oficialismo.
En cuanto al trabajo de la prensa y la libertad de expresión, Balbi aseguró ante Diálogo Interamericano que hay cierre de espacios y control de medios de comunicación por parte del gobierno de Maduro.
Y agregó que debido a la censura impuesta por el régimen es que muchos países no ven la dimensión de la crisis en Venezuela y no tienen parámetros para comparar el riesgo que viven los periodistas, en relación en otros países del hemisferio como México, Honduras o Brasil, para ejemplificar algunos, donde los comunicadores son asesinados.
“Eso relativiza de alguna manera el apoyo que podamos recibir y el diagnóstico que puedan hacer sobre la situación real en Venezuela”, expresó Balbi.
La directora de IPYS también hizo un llamado a las redes que vigilan la libertad de expresión a manifestarse y presionar a sus gobiernos para que dirijan su mirada a Venezuela, cuyo modelo socialista emprendido por el fallecido Hugo Chávez y heredado por Maduro “se tambalea”, dijo la activista.