a corrupción e ineficacia de la Policía Nacional Civil, del Órgano Judicial y del sistema penitenciario son los puntos que más destaca el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe de derechos humanos respecto de El Salvador durante 2013, el cual fue divulgado ayer.
El Departamento de Estado volvió a criticar al Estado salvadoreño por la corrupción e impunidad que impera, sobre todo en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Sin embargo, de acuerdo con el informe, sobresale que en 2013 hubo 15 denuncias de participación de las fuerzas de seguridad o militares en supuestas ejecuciones.
Tres de esos casos, reza el informe, ocurrieron dentro del sistema penitenciario y uno al interior de las bartolinas de un puesto policial.
En estos tres casos por lo menos hubo complicidad de parte de agentes de seguridad. El documento hace una referencia particular al caso de Mario Alexander Reyes Chávez, un hombre que en febrero de 2013 fue asesinado de 25 o 30 balazos cuando dormía dentro de las bartolinas policiales del puesto de Planes de Renderos.
Reyes Chávez era un miembro de pandillas que estaba bajo protección con la clave Jaguar y cuyo asesinato derivó en la captura de nueve miembros de la PNC de los cuales ocho fueron puestos en libertad semanas después y solo quedó bajo prisión el agente Edenilson Mena Mena, quien confesó haber colaborado con el asesinato de Jaguar.
Denuncias contra el Estado por torturas
El informe cita que la Procuraduría de Derechos Humanos recibió 89 denuncias de tortura o tratos inhumanos perpetrados por funcionarios públicos. De esas 89 denuncias, 58 fueron contra agentes de la PNC y 13 más contra miembros de la Fuerza Armada.
El 1 de junio de 2013, según un informe médico, un recluso murió durante una cirugía. Este recluso estaba hospitalizado luego de que recibiera una golpiza dentro del penal de Apanteos, Santa Ana. La madre del fallecido acusó a custodios penitenciarios como los responsables de la golpiza. Los médicos del hospital alertaron a la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el caso.
Prisiones salvadoreñas “potencialmente mortales”
Estados Unidos también continuó criticando el sistema penitenciario salvadoreño las que califica como de “potencialmente mortales” debido al hacinamiento y las condiciones infrahumanas en que se encuentran los reclusos.
Según el Departamento de Estado, el hacinamiento es una seria amenaza para la salud y la vida de los presos salvadoreños.
Hasta septiembre de 2013, el porcentaje de hacinamiento en prisiones y centros de detención policiales era del 320 por ciento.
Hasta principios de septiembre anterior, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) había informado que en sus 19 prisiones había 26 mil 672 personas guardando prisión, bien con una condena ya impuesta o en prisión preventiva.
Las condiciones de hacinamiento más el crimen imperante dentro del sistema penitenciario salvadoreño derivaron en la muerte de 36 prisioneros, debido a enfermedades, homicidio o suicidio.
De acuerdo con el informe, las actividades criminales perpetradas por los más de 10 mil miembros de pandillas encarcelados, continúa siendo un problema grave dentro del sistema penitenciario.
El informe indica que los pandilleros encarcelados han continuado ejerciendo influencias dentro de las prisiones y el sistema judicial.
“Hay informes que los presos realizan actividades criminales desde sus celdas, a veces con la complicidad de los guardias de la prisión El contrabando de armas, drogas y otros artículos como teléfonos celulares y chips para teléfonos son un gran problema en las cárceles”, puntualiza.
Policía incapaz
“La capacitación inadecuada, la falta de cumplimiento de la Ley de la Carrera Policial, los ascensos arbitrarios, la escasez de fondos públicos, la falta de aplicación efectiva de las normas en materia de pruebas y los casos de corrupción y criminalidad, limitan la eficacia de la PNC”, señala el informe.
Entre la corrupción y criminalidad policial, el documento señala que hasta septiembre de 2013, 14 policías habían sido acusados de homicidio, según informes de la misma Inspectoría General de la PNC.
El Departamento de Estado afirma que la Inspectoría General de la PNC recibió 1,163 denuncias contra miembros de la corporación policial. De esa cantidad, 473 fueron elevados al conocimiento de la FGR.
En 2013, 121 agentes policiales fueron destituidos por diversas faltas y 677 fueron suspendidos sin goce de sueldo. Asimismo, la FGR investiga 217 denuncias contra agentes policiales.
Corrupción judicial; menos del 5 % de condenas penales
Asimismo, la PDDH registró, durante 2013, 137 denuncias por detención arbitraria.
El informe destaca que en marzo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), emitió un informe indicando que al momento de su visita a El Salvador (2012), 7,376 personas se encontraban en prisión preventiva, esto es presos mientras esperaban ir a juicio.
Pero de esos 7 mil 376 detenidos preventivamente, 937 habían superado el plazo de la prisión preventiva permitido por la ley.
Según el Departamento de Estado, la detención preventiva prolongada continúa siendo un problema significativo. De cada cien personas en prisión, 24 se encuentran en prisión preventiva. Las causas del retraso judicial: procesos judiciales de larga duración, el gran número de detenidos, la ineficiencia judicial, la corrupción y la falta de personal.
El informe indica que “el Poder Judicial sufrió de ineficiencia, corrupción, luchas políticas internas e insuficiencia de recursos”.
Sin embargo, de acuerdo con el informe, fue la “corrupción sustancial” en el Órgano Judicial, lo que contribuyó a un alto nivel de impunidad, lo cual socavó el Estado de Derecho y el respeto del público hacia el poder judicial.
El informe indica que la tasa de condenas penales fue inferior al 5 por ciento. Ese fenómeno es achacado a diversos factores, entre estos la falta de una estrategia efectiva de seguridad pública, la financiación gubernamental inadecuada y una pobre formación de la PNC.
De acuerdo con el documento, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indicó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no abonó de manera adecuada al combate de la corrupción judicial, contribuyendo con ello a generar desconfianza de la población hacia ese poder estatal.
Al 30 de junio anterior, la CSJ había resuelto poco menos de mil denuncias contra jueces. Según el informe de Fusades, citado por el Departamento de Estado, en 2013 la CSJ destituyó solo a dos jueces y suspendió a 16.
El Informe puede encontrarse en internet en http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2013&dlid=220442#wrapper).