COLOMBIA. Un peso pesado del Ejército colombiano se ha visto obligado a renunciar.
Se trata del general Javier Rey, jefe del Comando Conjunto de Operaciones del Ejército, responsable de haber diseñado con éxito operaciones de asalto aéreo, como las que acabaron con la vida de Alfonso Cano, máximo cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Mono Jojoy, comandante militar de este grupo terrorista y otros tantos terroristas.
A Rey no le quedó otra salida este lunes que salir de la institución, después de que la última edición de la revista Semana, la de mayor circulación en Colombia, contara con datos específicos –grabaciones de por medio– cómo parte del dinero de los contratos adjudicados por el Ejército en 2012 y 2013 para la compra de equipos, material de intendencia y hasta de la gasolina para los vehículos, terminó en cuentas de militares presos por violaciones a los derechos humanos.
En teoría ese dinero, según Semana, fue utilizado para pagar la defensa –y la compra de testigos– de militares involucrados a los llamados “falsos positivos”, como se conoció el procedimiento según el cual soldados del Ejército mataban a jóvenes inocentes para presentarlos a sus comandantes como guerrilleros muertos y así recibir promociones y otros beneficios.
En esa macabra historia, que ocurrió durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), murieron más de dos mil jóvenes colombianos. El general Alejandro Navas declaró por su parte que las grabaciones publicadas por Semana son verdades a medias.
Semana basó sus denuncias en cientos de horas de grabaciones magnetofónicas a las que tuvo acceso, que reposan en la Comisión de Acusaciones del Congreso y que se remontan a los años 2012 y 2013. Allí, según Semana, “se hacen referencias explícitas a la asignación de millonarios contratos de diferentes unidades militares, donde se habla de mordidas (sobornos) de hasta el 50 %”.
El eje de la supuesta red es el coronel del Ejército Robinson González del Río, detenido desde 2012 por una denuncia de ejecución extrajudicial de dos campesinos ocurrida en 2007 en el centro del país, pese a lo cual en las grabaciones aparece hablando de millonarios negocios de licitaciones de todo tipo.
En una de las 19 grabaciones publicadas por «Semana» interviene el actual comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Leonardo Barrero, que habla con González, antiguo subalterno suyo, pero no sobre compras sino sobre sus problemas judiciales y le recomienda que “hagan una mafia para denunciar fiscales”.
La Fiscalía no descartó ayer llamar a diligencias de declaración o de interrogatorio a militares de alto rango que al parecer están implicados.
En octubre de 2008, el gobierno destituyó a 27 militares por el asesinato de 11 hombres que falsamente habían sido mostrados como guerrilleros y delincuentes muertos en combate, a los que se denominó “falsos positivos”. Al menos 3,000 colombianos fueron ejecutados extrajudicialmente, de acuerdo con la Fiscalía y grupos no gubernamentales de derechos humanos.
El escándalo sucede al episodio que hace dos semanas afectó a las Fuerzas Militares por supuesto espionaje por parte de inteligencia militar a los negociadores del Gobierno, en el proceso de paz con las FARC. Una investigación del Ejército ordenada por el presidente Juan Manuel Santos determinó la semana pasada que no hubo espionaje de la inteligencia militar a los negociadores ni actividades ilícitas. —AGENCIAS