MADRID . La Unión Europea mantendrá la política de restricciones a Cuba de la Posición Común hasta que se alcance un nuevo acuerdo con la isla, que deberá incluir garantías de respeto a los derechos humanos, dijo ayer el Gobierno español.
“En ningún caso se ha hablado de derogar la Posición Común, se ha hablado de dar un mandato a la Comisión Europea para que explore la posibilidad de llegar a un acuerdo de asociación (con Cuba)”, dijo el canciller español José Manuel García-Margallo en Bruselas. “Un acuerdo que tiene como elemento capital el respeto a los derechos humanos”, afirmó.
La Posición Común, impulsada por el expresidente español José María Aznar en 1996, impone un cierto bloqueo a las relaciones entre Bruselas y La Habana. La finalidad es condicionar cualquier diálogo a “avances en democracia y en el estado de los derechos humanos” en Cuba.
Asimismo, en 2003 la mancomunidad suspendió toda cooperación con La Habana en represalia al encarcelamiento de 75 opositores al régimen de los hermanos Castro.
Después de una serie de reformas impulsadas por el dictador cubano Raúl Castro, incluidas la posibilidad de los cubanos de viajar fuera de la isla y la de gestionar pequeños negocios, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, anunció el viernes en Madrid que Bruselas estudiaba revisar su relación bilateral con La Habana.
García-Margallo admitió que la normalización de relaciones con Cuba se abordará en el próximo consejo de cancilleres europeos el 10 de febrero. Pero, al igual que Durao Barroso, precisó que cualquier avance estará condicionado a garantías de respeto a los derechos humanos por parte del régimen.
Si hay unanimidad entre los ministros europeos, se iniciarán los contactos formales para un acuerdo de asociación, que profundizaría en el diálogo político y la cooperación entre Europa y la isla. Mientras tanto, la Posición Común seguirá vigente.
La Posición Común se revisa anualmente y cualquier modificación debe ser ratificada por los 28 estados miembros de la Unión. El anterior Gobierno socialista español intentó suprimirla en 2010, pero no logró el consenso suficiente.
—AGENCIAS.