ALEMANIA . La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó a Nicolás Maduro de gobernar Venezuela bajo una “democracia ficticia”, intimidando y sancionando a opositores y medios de comunicación que critican su gestión.
Esto lo detalla HRW en su informe anual sobre los derechos humanos presentado ayer en Berlín.
“Durante el Gobierno del presidente (Hugo) Chávez, y del actual presidente Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el Gobierno intimide, censure y enjuicie a sus críticos”, señaló el texto.
Venezuela fue incluida por HRW en una lista de países con gobiernos “autoritarios” que aprendieron a “adoptar las formalidades de la democracia sin respetar su esencia”, y donde se celebran numerosas elecciones, a menudo “controladas”.
“Esta democracia ficticia no reconoce principios básicos, como los que exigen que los gobiernos rindan cuentas en el marco del estado de derecho, respeten los derechos humanos que protegen a las minorías y mantengan el compromiso de permitir un debate público libre y constante”, según el texto.
HRW, que llama a ese fenómeno “mayoritarismo abusivo”, incluye también a Egipto, Siria, Myanmar, Tailandia, Kenia, Rusia y Ucrania, según la documentación de la entidad.
Para José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, es preocupante la reducción de espacios de periodismo crítico en Venezuela por efecto de los ataques gubernamentales contra los medios y los poderes especiales de Maduro para gobernar.
“El Gobierno ha continuado intimidando y sancionando a los medios de comunicación críticos con sus políticas y ha impedido el trabajo de los defensores de los derechos humanos con restricciones de financiación y la amenaza de persecución”, declaró HRW.
El último capítulo de control sobre las televisoras ocurrió la semana pasada, cuando Maduro afirmó que los medios fomentan la violencia al supuestamente difundir “antivalores” y que su programación debe ser revisada.
El pasado lunes, el vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, exhortó a las televisoras públicas, privadas, empresas de cable a firmar un acuerdo donde se comprometen a revisar y cambiar su programación para ajustarla a lo que establece la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte).
Irregularidades
En el informe de HRW, también recoge cómo tras ser declarado ganador en unas controvertidas elecciones presidenciales de abril, las fuerzas de seguridad del Estado golpearon y detuvieron arbitrariamente a los simpatizantes del líder opositor Henrique Capriles.
“A algunos de estos arrestados les preguntaban: ‘¿Quién es tu presidente?’ y eran golpeados si no respondían ‘Nicolás Maduro'”, señaló. “Abusos policiales, condiciones de las prisiones e impunidad sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad continúan siendo problemas serios”, añadió.
“Días después a las elecciones, cuando la oposición solicitó un recuento de los votos, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, rehusó dar la palabra a los legisladores hasta que reconocieran, de manera individual, la victoria de Maduro”, recuerdan los miembros de HRW. “Los ministros de Maduro amenazaron con despedir a cualquier empleado crítico con el Gobierno”, agregaron.
HRW hizo referencia específica a una multa impuesta al Diario El Nacional por haber publicado en primera plana una fotografía con cuerpos aglomerados en la Morgue de Bello Monte.
“La imagen acompañaba un artículo sobre armas ilícitas y violencia, dos de los temas que más preocupan a la opinión pública en Venezuela. Desde que la imagen se imprimió en 2010, el tribunal prohibió al periódico que publicara imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes que tienen residencias en la República Bolivariana de Venezuela”, especificó el informe.
La organización también criticó que Conatel iniciase, en noviembre de 2013, una investigación administrativa contra ocho proveedores de Internet por haber permitido que en sitios web se publicara información sobre el tipo de cambio extraoficial y recordó que varios días después, pidió a Twitter que suspendiera cuentas vinculadas con estos sitios web.
—AGENCIAS.