Autoridades de México incurrieron en omisiones y prácticas irregulares en la investigación de la masacre de 72 migrantes en 2010 a manos de un cartel de las drogas, lo cual se tradujo en deficiencias en la identificación de las víctimas, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
A más de tres años de una de las peores masacres atribuidas al narcotráfico, el organismo emitió un reporte en el que señaló que entre las irregularidades detectadas está la falta de preservación de las evidencias en el lugar del crimen, la recolección precipitada de indicios y la mala actuación en torno a los cadáveres, algunos de los cuales fueron dejados a la intemperie y varios sometidos a necropsias de manera tardía.
Para la Comisión, ese tipo de irregularidades han provocado que hasta ahora 12 de las 72 víctimas continúen sin ser identificadas y sus cuerpos permanezcan en una fosa común.
El reporte de la Comisión, divulgado en su página de internet, responsabiliza a por lo menos 18 funcionarios estatales y siete federales de los errores y omisiones.
San Fernando, una municipalidad del estado norteño de Tamaulipas cercano a la frontera con Texas, fue escenario en agosto de 2010 de la peor masacre hasta ese momento cuando marinos encontraron dentro de un rancho los cuerpos de 72 migrantes acribillados por negarse a integrar a las filas del cartel de Los Zetas, según se desprendió de las declaraciones de dos sobrevivientes y de indagatorias federales.
La localización de los cuerpos se hizo luego de que un ecuatoriano escapó malherido y llegó hasta un retén de la Marina. Posteriormente se supo que un hondureño también sobrevivió.
El ecuatoriano dijo a las autoridades que los responsables se identificaron como “Zetas”, quienes les ofrecieron a los migrantes ser reclutados como pistoleros del grupo, y que al negarse, fueron acribillados.
La masacre ocurrió el 22 de agosto, y dos días después personal de la Marina encontró los cuerpos y comenzaron las irregularidades. Luego de la necropsia, uno de los cuerpos fue enviado a Honduras, cuando era un ciudadano brasileño, refirió la Comisión.
El organismo envió recomendaciones, que no son de carácter vinculante, a las autoridades de Tamaulipas y a la Procuraduría General para que indague a sus funcionarios que habrían incurrido en negligencia y tomen medidas de capacitación para evitar que ocurra de nueva cuenta.
En el área de prensa de la Procuraduría dijeron a The Associated Press que se recibió la recomendación y que en 15 días hábiles que tiene como plazo responderá formalmente a la comisión de derechos humanos. En los últimos meses, funcionarios de la dependencia federal han señalado que se trabaja en la capacitación de sus miembros para que realicen investigaciones adecuadas.
El gobierno de Tamaulipas no había hecho ningún comentario.
Luego de la masacre de San Fernando fueron detenidas ocho personas y el gobierno federal señaló que eran miembros de Los Zetas, considerado uno de los carteles más sanguinarios y que ha sido responsabilizado de secuestros y asesinatos de otros migrantes en meses posteriores.
De los cuerpos identificados se determinó que procedían de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasil e incluso uno de la India y que intentaban cruzar hacia Estados Unidos.
El caso de San Fernando mostró los riesgos que enfrentan los migrantes que usan territorio mexicano para intentar llegar a Estados Unidos.
Meses después, en abril de 2011, autoridades localizaron al menos 40 fosas clandestinas en san Fernando con cerca de 200 cuerpos de personas que fueron asesinadas presuntamente también por miembros de Los Zetas.