SANTIAGO DE CHILE. Bachelet tendrá un duro mandato por delante, ya que muchas de las propuestas que ha defendido durante su campaña, como la de elaborar una nueva Constitución, exige de amplias mayorías en el Parlamento de las que carece.
El sistema electoral vigente empuja a los partidos a formar coaliciones de centroizquierda y centroderecha y, al mismo tiempo, distorsiona la representatividad de cada coalición.
Durante la campaña, la rival de Bachelet, la líder de la Alianza de centroderecha, Evelyn Matthei, ha dejado claro que no quiere someter al país al terremoto político y social que supondría elaborar una nueva Carta Magna. Y, sin embargo, ésta es la principal bandera de la presidenta electa, ya que también dependen de ello otras reformas políticas, económicas y sociales de calado, que ha prometido.
La demanda más solicitada por los ciudadanos, según las encuestas, es una educación pública, gratuita y de calidad.
También en el terreno social, la exdirectora de ONU Mujeres ha prometido el aborto terapéutico y el matrimonio para personas del mismo sexo. Y quiere modificar la ley tributaria para asegurar una educación gratuita, entre otras medidas.
Matthei dice que la educación gratuita para el 10 % más rico de la población implicará un derroche de 3,500 millones de dólares anuales y que los cambios tributarios afectarán a pequeñas y medianas empresas.
El matrimonio homosexual no es rechazado por Bachelet pero si por Matthei, que apoya legalizar y regular las uniones de personas no casadas, sean homosexuales o heterosexuales. Bachelet dice que someterá el tema a una consulta popular. Según los resultados, presentaría un proyecto de ley.
“Se equivocan quienes creen que yo no quiero cambios, yo quiero cambios revolucionarios en la vida diaria de las personas”, dijo en un debate televisado el martes. Agregó que no quiere que el Congreso pierda el tiempo discutiendo reformas constitucionales.
El primer gobierno de Bachelet se caracterizó por ampliar los beneficios sociales al dar salud gratuita a mayores de 60 años, aumentar las pensiones y ofrecer una jubilación a las amas de casa.
Pero también enfrentó protestas de los estudiantes de secundaria cuyas demandas no resolvió porque desmovilizó el movimiento creando un comité que no satisfizo las demandas de aquella época.
También enfrentó la ira de la Iglesia católica por permitir la distribución de la píldora del día después. En noviembre, la historia pareció repetirse: poco antes de la primera vuelta, la Conferencia Episcopal, junto con políticos y aliados, exhortaron a no votar por candidatos que estuvieran de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales y el aborto en los casos señalados.
El llamado no afectó la votación de Bachelet en un país de 17 millones de personas, cada vez más secular, antes considerado el más conservador de América Latina.
En 2004 el Congreso aprobó una ley que permitió el divorcio y encuestas sugieren que los postulados conservadores los siguen una élite conservadora. También se aprobó una ley contra la discriminación luego de que un hombre gay fuera asesinado.
Su coalición de centroizquierda obtuvo 21 de 38 senadores y 68 de 120 diputados.
Además de todas las promesas contraídas, la nueva presidenta tendrá que ir abonando otra antigua deuda con su propio género. A pesar de que las dos candidatas presidenciales son mujeres, Chile es uno de los países con mayor discriminación laboral por cuestión de sexo. Las mujeres cobran un 30 % menos que los hombres. La organización Comunidad Mujer asegura que sólo el 3 % de los directores de empresa en Chile son mujeres.