SIP alerta de más censura chavista

Está preocupada por arremetida judicial contra diario venezolano

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elsalvador.com

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2013-12-18 7:00:00

ESTADOS UNIDOS. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su alarma por las acciones judiciales de censura contra el diario El Universal de Venezuela, que pretenden prohibir información sobre violencia e inseguridad en el país, así como por las sanciones a proveedores de internet y anuncios sobre leyes adicionales para restringir el contenido periodístico.

Así lo indicó ayer la organización en un comunicado publicado en su sitio electrónico: www.sipiapa.org.

La SIP reseña que la Fiscalía General exigió este martes a la Justicia que condene a El Universal por “violar los derechos de los niños y adolescentes”, luego de que publicó una fotografía en la portada del 20 de noviembre.

En la imagen se observa un brazo inerte y una mancha de sangre en el suelo y con la cual el diario aludió al secuestro y posterior asesinato de un joven ingeniero a mano de delincuentes. La foto fue difundida con detalles por otros medios en internet, consigna la la organización.

El pedido al tribunal busca prohibir “la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física,… que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños”, cita el comunicado.

También menciona que la Fiscalía venezolana solicitó la aplicación de una multa millonaria a El Universal correspondiente al 1 o 2 por ciento de sus ventas brutas en 2012.

Ante esa situación, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo: “estamos preocupados y alarmados por la legalización de la censura que se disfraza con leyes, decretos y acciones judiciales, tratándose de dar la apariencia de que existe libertad de prensa en el país”.

De acuerdo a la SIP, Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, dijo tener pocas dudas sobre el desenlace del caso de El Universal, considerando la multa y censura aplicada a los diarios El Nacional y Tal Cual de Caracas por una foto publicada en 2010 en la que se veían cadáveres amontonados en una morgue de Caracas.

Agregó que el gobierno no solo busca silenciar la inseguridad, sino también la crisis económica que afecta al país.

El periódico español El País, que también informó de este hecho en su edición electrónica de ayer, apunta que la inseguridad es uno de los principales azotes que aquejan a la sociedad venezolana ya de por sí caótica.

Y sostiene que en la medida que ese problema amenaza con pasar a ser un reclamo social con incidencias políticas, el Gobierno de Nicolás Maduro –y antes el de Hugo Chávez- ante la incapacidad de controlarlo prefiere restringir la difusión de noticias sobre ese tema.

La SIP también se refirió a las sanciones aplicadas el 9 de noviembre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra nueve empresas proveedoras de internet – CANTV, Movilnet, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, NetUno, Omnivisión y Level13 – por haber difundido sitios web “destinados a la cotización de divisas con montos distintos a los establecidos oficialmente”. Según los chavistas eso viola la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, la cual prohíbe “la difusión de mensajes que fomenten la zozobra” y, entre otras razones, que “alteren el orden público”.

Más regulación

Paolillo indicó también que la SIP se mantendrá en alerta por el reciente anuncio desde distintas fuentes del gobierno, sobre el impulso, a comienzos de 2014, de una Ley de Comunicación y Periodismo para regular aún más el contenido informativo.

La organización de prensa reseña que el 7 de octubre pasado, Nicolás Maduro creó por decreto el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) con el propósito de solicitar, organizar, integrar y evaluar “las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas”.