CARACAS. Con la primera discusión y aval de la Ley Habilitante, que permitirá poderes extremos a Nicolás Maduro, ha comenzado la cuenta atrás para imponer por decreto presidencial la regulación de todos los bienes y servicios que circulan en Venezuela.
La primera ley que el Ejecutivo aprobaría será un proyecto que, según Maduro, establecerá precios, costes y ganancias máximas en bienes y servicios. Aunque ya existe en Venezuela una Ley de Costos y Precios Justos, el Gobierno pretende ir hasta donde nunca había ido al establecer límites al porcentaje que les queda a los comerciantes.
La norma establecerá un régimen comercial de precios y ganancias más controlado por el Estado, publicó el diario español El País.
Esta ley ignora adrede cómo funciona el modelo económico bolivariano. Para que los empresarios traigan mercancía al país —Venezuela importa el 96 % de lo que consume—, el Gobierno les asigna dólares subsidiados con la esperanza de que obtengan un margen razonable de ganancia. Pero la imposibilidad de liquidar a tiempo las peticiones obliga al importador a acudir al mercado negro para reabastecerse. El coste de reposición se calcula con el precio del mercado negro, que esta semana multiplicaba hasta por 10 el valor de la divisa controlada.
El criticado argumento sobre el nuevo episodio de Maduro es que, “El socialismo jamás podrá afianzarse con la corrupción. He venido a pedir poderes habilitantes para profundizar, acelerar y dar la batalla a fondo por una nueva ética política”, aseguró el jefe del Estado cuando el pasado 8 de octubre oficializó su solicitud para legislar. Pero la crisis económica ha impuesto sus urgencias y ahora el objetivo principal es otro.
Esos desequilibrios se han reflejado en el rápido deterioro del salario. Es cierto que la falta de información sobre la cotización de la moneda estadounidense en un mercado distinto al oficial —el mercado paralelo está prohibido por ley— también ha fomentado la especulación y la escasez. Pero el Gobierno se niega a reconocer lo que la mayoría de los economistas señala: que el origen del desequilibrio está en su política económica. Cada mes el informe del Banco Central de Venezuela muestra grietas más evidentes. En octubre la inflación fue del 5 %, y en los últimos 12 meses del 45.8 %, mientras que la escasez subió al 22 %.
Inició la campaña en ruta a las alcaldías
Y bajo ese turbio panorama, Venezuela comenzó ayer oficialmente la cuenta regresiva hacia las elecciones municipales del 8 de diciembre, que marcarán el primer desafío electoral entre el oficialismo y la oposición tras los ajustados comicios presidenciales del pasado 14 de abril.
Bajo un clima político siempre crispado y una economía que muestra señales aceleradas de deterioro, las elecciones se han convertido en una prueba clave para el liderazgo dentro del oficialismo del presidente Nicolás Maduro, que deberá medir fuerzas con una oposición que impulsa un “voto castigo” a su gestión.
Unos 19 millones de venezolanos están habilitados para renovar a los 335 alcaldes, volviendo a las urnas luego de las elecciones de abril, donde la estrecha victoria de Maduro frente a Henrique Capriles abrió una crisis política que profundizó la ya tradicional división del país en dos mitades.
Capriles, quien recorre el país para apadrinar a los distintos candidatos con llamados al electorado a volcar en las urnas su descontento con el Gobierno. “Hoy inicia etapa final de esta cruzada para avanzar en el cambio de nuestra Venezuela, vamos líderes de todos los Municipios! Fuerza!”, dijo ayer desde su cuenta de Twitter.
La oposición juega parte de sus cartas en los principales centros urbanos del país, como la capital, Caracas, y la populosa ciudad de Maracaibo, donde espera conservar las alcaldías que ya están en sus manos.
De acuerdo con la normativa electoral, a partir de ayer y hasta el 5 de diciembre, unos 16,000 candidatos a alcaldes y concejales en todo el país tendrán vía libre para presentar sus propuestas y planes de Gobierno, con la mira puesta en seducir a un electorado preocupado por cuestiones como la alta inflación y la inseguridad. Pese a que el calendario marca el inicio legal del proselitismo, la campaña ya comenzó hace meses con feroces cruces entre el oficialismo y la oposición.
En los últimos 14 años se han realizado más de 17 elecciones en este país. —AGENCIAS