Una nueva ley emitida el domingo por el presidente de Egipto prohíbe la realización de manifestaciones de más de 10 personas que no cuenten con el permiso del gobierno, e impone fuertes multas o penas de cárcel a quienes la violen, una medida que trata de apaciguar las protestas que se presentan casi todos los días.
La nueva ley tiene más restricciones que la vigente en la época del dictador Hosni Mubarak, quien fue derrocado en 2011, lo que marcó el inicio de la inestabilidad en el país.
Los grupos de derechos humanos y activistas la denunciaron y dijeron que está enfocada a apaciguar a la oposición, permitir la represión de la policía y evitar que las fuerzas de seguridad respondan por posibles abusos.
“La ley es una cobertura que justifica la represión por cualquier motivo”, dijo Bahy Eddin Hassan, director del Instituto para los Estudios de Derechos Humanos de El Cairo, uno de los grupos que ha hecho campaña en contra de la nueva legislación.
El gobierno apoyado por las fuerzas armadas presentó una primera versión de la ley en octubre. El presidente interino Adly Mansour aprobó una con ligeras enmiendas el domingo, en la que ya no se incluye una prohibición de las “sentadas” y una que criminalizaba “los insultos al Estado”.
La ley exige que se notifique con tres días de anticipación de cualquier protesta. Da a las agencias de seguridad la facultad de prohibir cualquier protesta o reunión pública, incluyendo reuniones de partidos políticos, actos electorales, si se cree que es una amenaza al orden público o la seguridad.