SAN JOSÉ. Según publicó ayer en su sitio el diario español El País, el gobierno costarricense ha ordenado revertir la puesta en libertad de presos, decisión que habían tomado para solucionar la saturación carcelaria.
Y es que la situación carcelaria de Costa Rica vive momentos complicados para acoger a todos los presos del país centroamericano. El Instituto Nacional de Criminología (INC) se vio obligado a conceder un “régimen de confianza” a 370 reos con el fin de descongestionar el lugar.
El cambio se dio ante la decisión de la ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, quien consideró que no se hubo estudios profundos para las liberaciones. Influyó en la medida, que tres de los liberados, 24 horas de estar fuera, asaltaron negocios y asesinaron a una persona.
La cuestión es que ahora los policías buscan a decenas de esos delincuentes que son, en su mayoría, asaltantes y que ahora circulan en las calles de un país donde el deterioro de la seguridad es una preocupación diaria, a pesar de una leve disminución en las tasas en los últimos dos años.
El Ministerio de Justicia, a cargo de los 14 centros donde se aglomeran 14,000 reos en espacios para menos de 9,800, ya logró volver a llevar tras las rejas a 40 de los 370 excarcelados en octubre.
Más de 300 entonces, circulan libres como lo hizo Darío, un joven de 23 años que salió de la prisión con este beneficio y tres días después participó en el asesinato de un comerciante en la provincia de Puntarenas (costa pacífica), según la policía judicial.
“Las cárceles costarricenses están lejos de ser el modelo institucional para la reinserción social de los delincuentes, y más parecen un depósito de personas”, dijo Ofelia Tailtebaum, Defensora de los Habitantes.
“Estas cárceles son escuelas del delito en las que es común el tráfico de drogas, la violencia y hasta la dirección intelectual de delitos”, aseveró.
El viceministro de Justicia, Jorge Rodríguez, dijo esta semana, que de 2008 al presente se han encarcelado a más de 6 mil personas, elevando a un 40% la sobrepoblación y en algunos casos, en ciertos penales, hasta 80%.
Algunos jueces han sugerido el uso de brazaletes electrónicos, para ubicar en tiempo real a los delincuentes más peligroso, pero organizaciones protectores de los derechos humanos se oponen.
La tasa de homicidios en Costa Rica es menor a 10 por cada 100,000 habitantes, según cifras oficiales, pero los delitos contra la propiedad siguen preocupando a una población que cada vez invierte más dinero a protegerse con rejas, cámaras, alarmas o vigilancia privada.
“Ahora los policías tienen que perseguir a esos delincuentes camuflados entre toda la gente o en los precarios donde viven protegidos por su entorno. Lo que es cierto es que tendremos algunos asaltantes más en la calle, mejor preparados para delinquir que antes por todo lo que ya aprendieron en la cárcel. Fue un error tremendo”, dijo el pasado viernes un jefe de policial que prefirió no dar su nombre para no atizar el conflicto con otras autoridades.
Costa Rica está en una encrucijada, pues por un lado intenta reprimir delitos y se felicita por un sistema de tribunales que permite juicios expeditos, pero por otro lado las cárceles están atiborradas y siguen recibiendo internos a un ritmo de 17 cada día. El hacinamiento provoca problemas de seguridad, pero también la violación de derechos básicos de los internos, como argumentó el juez Roy Murillo, autor de la resolución que ahora quedó suspendida.
De momento, la ministra de Justicia espera el avance de proyectos que permiten reformular el régimen legal de encarcelamiento cautelar y las penas de prisión en delitos menores, después de que fracasó al pedir a la Corte de Justicia evitar condenas de cárcel para no agravar el hacinamiento.
Partidos opositores, sindicatos, Defensoría de los Habitantes y expertos piden al Gobierno declarar emergencia nacional la situación de las cárceles, pues se prevé que la población reclusa seguirá aumentando.
—AGENCIAS.