ARGENTINA. Argentina rechazó ayer que la CIDH convocase una audiencia sobre la libertad de expresión en su país, al considerar que ya ha tomado medidas, como con la Ley de Medios Audiovisuales, recientemente respaldada por la Corte Suprema.
Javier Salgado, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, argumentó que el motivo de la audiencia, de carácter general, no se justifica debido a que “la invocación de los procedimientos internacionales responde a situaciones en las que los resortes internos (de los países) han demostrado ser ineficaces”.
Salgado aludió a la polémica Ley de Medios Audiovisuales que, tras una compleja batalla legal de cuatro años entre el Grupo Clarín, el mayor multimedia del país, y el Gobierno, fue considerada constitucional por el máximo tribunal del país el pasado martes.
“La Relatoría Especial para Libertad de Expresión de esta ilustre Comisión consideró un avance sustancial en la materia la aprobación de la Ley de Medios”, dijo el representante del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ya antes de la audiencia, la representante argentina ante la OEA, Nilda Garré, acusó a los peticionarios que se presentaron ante la comisión de acudir ante la Comisión a formular denuncias inverosímiles.
“¡Periodistas vinieron a Washington a formular la denuncia inverosímil de que en la Argentina son presionados, amenazados y objeto de persecuciones! (…) Son los que día a día expresan abiertamente sus desavenencias con el gobierno nacional”, escribió en su cuenta pública de Facebook.
Sin embargo, los peticionarios de la audiencia, denunciaron ante la Comisión la persistencia de atropellos contra “medios y periodistas independientes”, y aseguraron que Argentina sufre una situación de “censura indirecta” por el miedo de reporteros a represalias del Gobierno.
“La pregunta es si trabajamos tranquilos. Y la respuesta es no. (…) Existe la autocensura por temor a las represalias del Gobierno, y también la estigmatización”, relató el periodista Joaquín Morales Solá.
“Las palabras violentas preceden a los hechos violentos y no sabemos cuán cerca estamos de la frontera que separa las palabras de los hechos”, aseguró.
Por otra parte, los representantes del Estado también pusieron como ejemplo la despenalización de las calumnias y las injurias promovida por el Ejecutivo de Cristina Fernández, pero los peticionarios alegaron que, en ese caso, ahora la condena ya no es “penal” sino “pública”.
La Relatora para Libertad de Expresión, Catalina Botero, se mostró sorprendida por el rechazo de la convocatoria de la audiencia. —AGENCIAS.