WASHINGTON. El presidente Barack Obama no puede frenar de un solo plumazo la deportación de todos los indocumentados, como piden algunos grupos cívicos, pero sí puede ampliar las medidas de alivio temporal mientras el Congreso resuelve el problema, aseguran expertos.
La inacción del Congreso sobre la reforma migratoria este año, sumado a la continua deportación de indocumentados —más de 1,100 al día— han reanimado el debate político sobre las obligaciones constitucionales de Obama y los límites de su autoridad ejecutiva.
Los republicanos han dicho que difícilmente habrá una votación en los pocos días hábiles que restan del año a pesar de que Obama recientemente aceptó el enfoque de aprobar reformas parciales. Dada la inminencia de las elecciones legislativas, tampoco hay muchas perspectivas de someterla a votación en 2014, a pesar del costo político que esto significa para los republicanos.
El lunes, durante un discurso sobre inmigración en San Francisco (California), Obama fue interrumpido por el activista surcoreano Ju Hong, quien le exigió un cese a las deportaciones mediante una orden ejecutiva. “¡Pare las deportaciones! ¡Pare las deportaciones!”, gritaban espectadores a Obama. El joven dijo que está separado de su familia desde hace 19 meses.
El gobernante respondió que él no tiene el poder para hacer algo semejante y el martes, un portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, no descartó medidas adicionales, pero dejó en claro que solo el Congreso puede modificar las leyes en vigor.
La Constitución de EE. UU. consagra la separación de poderes, que deja en manos del Congreso la aprobación de leyes y obliga al Ejecutivo a hacerlas cumplir.
Obama, que se especializó en leyes constitucionales en sus días como profesor universitario, siempre ha dicho que no puede actuar de forma unilateral y que la solución permanente a la inmigración ilegal está en manos del Legislativo.
Expertos dijeron a La Opinión le dan buena parte de la razón, pero subrayan que su Gobierno sí puede ampliar “hasta cierto punto” alivios migratorios.
“Seguir culpando al presidente le resta presión al Congreso que es el que debe actuar, y hasta cierto punto la Casa Blanca y Obama tienen las manos atadas. Pero no se pueden escudar con eso para no ampliar el alivio temporal”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
Según Hincapié, entre los escenarios posibles se pueden autorizar permisos de trabajo temporales para los indocumentados de baja prioridad; ampliar los parámetros de la “acción diferida” para incluir a padres de jóvenes indocumentados; mejorar el uso de la discreción procesal respecto a los “deportables”, y buscar alternativas a la detención de indocumentados que no son un riesgo público.
Por razones humanitarias, Obama “puede decidir no enforzar ciertas leyes en ciertas situaciones; puede decidir que no va a deportar a los jóvenes, a los viejitos, mientras el Congreso busca una solución permanente”, dijo José Pertierra, abogado de inmigración en Washington.
“Puede decidir no deportar a quienes eventualmente calificarían para una legalización. Los re publicanos pueden criticarlo todo lo que quieran, pero él tiene esa potestad, esa discreción procesal”, afirmó.
Clarissa Martínez, del Consejo Nacional de La Raza, lo resume así: “La Administración puede reducir la devastación de las fallidas políticas migratorias, recurriendo a la discreción procesal (jurídica) para centrarse en la seguridad nacional y comunitaria”.
La reforma migratoria es una promesa incumplida de Obama desde 2009 y, llegado al poder, invirtió buena parte de su capital político en la aprobación de la reforma de salud.
Algunos activistas no descartan que, como el menor de los males, se adopte algún tipo de Estatus de Protección Temporal (TPS) para todos los indocumentados, como el que tienen ya los salvadoreños y hondureños.
Los grupos conservadores, que acusan a Obama de ser “blando” en materia de defensa e inmigración, han tachado cada una de las decisiones de Obama como una “amnistía” inmerecida para los indocumentados, y hacen lo propio para que en el Congreso no avance una reforma migratoria. —AGENCIAS.