VENEZUELA. La justicia venezolana analizaba ayer una solicitud de la fiscalía general para enjuiciar por peculado a una diputada independiente, que había denunciado una supuesta represalia por negarse a votar una ley que daría poderes especiales al gobernante Nicolás Maduro.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció que solicitó el inicio de un proceso contra la diputada María Mercedes Aranguren “con fundamento a la presunción que hay de los delitos de peculado doloso (malversación de fondos públicos), legitimización de capitales y asociación para delinquir”.
Según informó el diario español El País, el Gobierno venezolano está tratando por todos los medios de habilitar a Maduro “con poderes especiales”, es decir, para hacerse con el diputado 99.
Actualmente, el chavismo (el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) cuenta con 98 diputados, por lo que le falta uno para llegar a los 99 con los que dominaría las tres quintas partes de la cámara: 99 de 165 diputados.
La fiscal rechaza los señalamientos de la oposición que acusa al Ministerio Público utilizar la inhabilitación de Aranguren para lograr que su suplente oficialista asuma el cargo.
Maduro anunció en agosto que pediría a la Asamblea Nacional una ley habilitante para reformar algunas leyes relacionadas con el combate a la corrupción.
Los 67 diputados opositores se han negado respaldar la ley habilitante para Maduro alegando con las leyes actuales se puede combatir la corrupción, y que el congreso no puede ceder al Ejecutivo las funciones para legislar.
Además, los legisladores consideran que dicha ley podría ser utilizada con fines políticos con miras a las elecciones municipales del 8 de diciembre.
La oposición ha denunciado reiteradamente que el oficialismo utiliza la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia para perseguir a los sectores disidentes del gobierno
El suplente de Aranguren, Carlos Flores, sería el diputado 99 que necesita el chavismo para gobernar todavía con menos escrúpulos e implantar la llamada “revolución bolivariana”, la misión encomendada por Hugo Chávez a sus sucesores antes de morir el pasado 5 de marzo.
—AGENCIAS.