El presidente Juan Manuel Santos dijo el lunes que el fallo de La Haya en una disputa limítrofe con Nicaragua no es aplicable y acusó a la nación centroamericana de tener ambiciones “expansionistas”, mensaje que algunos analistas colombianos consideraron un intento de Bogotá por demorar el cumplimiento y abrir la puerta a la negociación con Managua.
“El fallo no es aplicable… y no será aplicable hasta que no se apruebe un tratado para fijar los límites”, dijo Santos. “Seguimos indignados con el fallo de la Corte Internacional de Justicia”.
El anuncio presidencial, realizado en una alocución desde la casa de gobierno, se produjo 10 meses después de que dicha Corte en La Haya falló que unas islas en el mar Caribe, cuya soberanía disputaba Nicaragua, eran de Colombia.
Sin embargo, en su dictamen de noviembre del 2012, la Corte resolvió también que, aunque el archipiélago de tres islas y siete islotes -ubicado a 720 kilómetros (450 millas) de la costa de Colombia y a 110 kilómetros (70 millas) del territorio continental de Nicaragua- pertenecía a Bogotá y no a Managua, le concedió al país centroamericano una zona más grande en el mar, lo que el gobierno colombiano consideró un error y un exceso de la alta corte.
Santos no indicó cuánto territorio marítimo perdió Colombia, que según analistas serían unos 75,000 kilómetros cuadrados (28,957 millas cuadradas).
“Estamos obrando para contener el expansionismo de Nicaragua en el Caribe… Colombia está enfrentando, y va a enfrentar, esas pretensiones con toda la determinación y el rigor que se requieren”, afirmó Santos.
El presidente agregó que, por normas de la Constitución colombiana de 1991, no es posible alterar los límites del país, excepto si se establecen en un tratado aprobado por el Congreso y ratificado por el jefe de Estado.
Siendo así, dijo el mandatario, el fallo de la Corte no es ni será aplicable hasta que “se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”.
La internacionalista Sandra Borda, de la Universidad del Rosario, en Bogotá, dijo vía telefónica que lo dicho por Santos significa que Colombia estaría condicionando la aplicación del fallo “a una negociación con el gobierno nicaragüense”, que ya este mes propuso, en palabras de su presidente Daniel Ortega, la posible firma de esos tratados.
El declarar que la decisión de la Corte no es aplicable “es una fórmula rara porque, de hecho, no existe en derecho internacional. Un fallo se cumple o no se cumple”, agregó Borda.
Por su parte, Carlos Arévalo, experto en derecho internacional de la Universidad de La Sabana, en Bogotá, coincidió con Borda en que no existe tal figura de inaplicabilidad y que simplemente Santos evitó decir si Colombia acata o no el fallo con la esperanza de una negociación con Managua.
“Lo que necesitamos es que el presidente diga claramente si acata o no el fallo. A pesar que el tono (de Santos en su alocución fue) radical, el contenido del mensaje sigue siendo el mismo: ‘voy a tomar una serie de medidas para dilatar el acatamiento del fallo”’, dijo Arévalo. Santos “está dilatando lo que en últimas será de obligatorio cumplimiento”.
Esa posibilidad de una negociación con Managua está dada, dijeron los analistas, por recientes declaraciones de Ortega.
El mandatario nicaragüense, cuyo gobierno ha anunciado planes de construir un canal interoceánico con fondos chinos y mantiene también disputas con naciones vecinas como Costa Rica, propuso la semana pasada a Colombia y a San José firmar tratados para buscar la salida a las diferencias diplomáticas derivadas de decisiones que ha tomado la CIJ o de demandas que se han interpuesto ante ese alto tribunal por conflictos territoriales.
En el caso de Colombia, Ortega propuso que, por medio de comisiones conformadas por representantes de ambos países, se logre implementar el fallo de la Corte de La Haya de noviembre del año pasado con la firma de un tratado. Ese tratado implicaría lo relacionado a la zona de patrullaje, la administración conjunta de la reserva Seaflower y los permisos de pesca industrial y artesanal en el Caribe.
La reserva Seaflower está ubicada en el archipiélago, cuyas tres islas más grandes están habitadas por unas 75.000 personas, mientras que los siete islotes restantes no son habitables. Es una vasta y rica zona coralina de unos 255 kilómetros cuadrados (98 millas cuadradas) que la UNESCO declaró reserva de la biósfera en el 2000.
El fallo afectó, entre otras empresas colombianas, a la pesquera Antillana, que ante la imposibilidad de capturar un número significativo de peces cesó en mayo pasado sus operaciones en la isla de San Andrés, la mayor del archipiélago, tras 24 años de labores. Al menos 200 tripulantes de las 13 embarcaciones que tenía la organización se quedaron sin trabajo, además de unas 15 mujeres empleadas en la planta de tratamiento, indicó vía telefónica Lucy Alvarez, directora de la empresa y habitante de esa isla.
“Las personas que abandonamos nuestros empleos hemos tenido que resolver lo de nuestro sustento de otra forma”, agregó Alvarez, que aún comercializa localmente algunas toneladas de pescado. Alvarez, de 54 años y abogada de profesión, cuenta que los lugareños “están inconformes y no se resignan a perder el territorio marítimo” que le fue entregado a Nicaragua.
La actividad pesquera de los isleños colombianos cesó porque temían incursionar en aguas que ya no eran colombianas y porque además pesqueros nicaragüenses están en la zona, explicó Alvarez.
Aseguró que el fallo acabó con esa pesca, una actividad “propia de los habitantes, que practican incluso los que no viven de ella. Es una actividad de la esencia de los isleños”.