ECUADOR. Un grupo integrado por cerca de 60 periodistas, escritores y ex asambleístas presentó ayer una demanda colectiva contra la ley de comunicación, vigente desde hace dos meses, que establece sanciones económicas y administrativas para periodistas y medios de comunicación.
El director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, declaró que estamos “ejerciendo nuestros derechos garantizados por la constitución y hemos suscrito esta demanda” contra la ley orgánica de comunicación.
La demanda fue presentada ante la Corte Constitucional, que no tiene plazo para resolver el requerimiento.
La norma, impulsada por el gobernante Rafael Correa, fue aprobada el 25 de junio por la mayoría del partido de gobierno, Alianza País, que domina la Asamblea tras las elecciones generales de febrero en las que el mandatario fue reelegido para un nuevo periodo de gobierno hasta 2017.
En la demanda, a la que tuvo acceso The Associated Press, se argumenta que “las restricciones definidas de manera vaga y combinadas con sanciones altamente punitivas crean condiciones ideales para la autocensura de los medios”.
En la ley se permite que cualquier persona pueda demandar por sentirse afectada en alguno de sus derechos, así como también crea organismos de control de lo publicado por los medios.
El abogado Enrique Herrería, quien patrocina la demanda, dijo que “pedimos la suspensión de los efectos de esta ley y en la etapa procesal que se determine la invalidez jurídica de esta ley”.
En la parte medular, la ley crea organismos como el Consejo de Regulación, el Consejo Consultivo y la Superintendencia de la Información y Comunicación.
La superintendencia podrá realizar auditorías, aplicar sanciones económicas y administrativas y establecer la responsabilidad civil y penal a los periodistas que difundan textos que lesionen derechos.
También establece la figura del “linchamiento mediático” destinada a “garantizar el buen nombre de las personas”.
La figura del “linchamiento mediático” persigue la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar a personas físicas o jurídicas, mientras que el Consejo tendrá la facultad de intervenir en asuntos como el acceso a la información, contenidos y franjas horarias.
Los medios han expresado temor que esto impida investigaciones sobre corrupción.
La norma también establece una nueva política para la cesión de frecuencias de radio y televisión.
—AGENCIAS.