CARACAS. El ministro de Turismo de Venezuela, Andrés Izarra, anunció ayer que la emisora Voz del Orinoco que opera en el estado Amazonas (sur) fue cerrada por llamar “a la rebelión” y “al enfrentamiento entre los venezolanos”.
“La radio Voz del Orinoco que no tiene derecho al espacio radioeléctrico, menos para llamar al enfrentamiento entre los venezolanos, a llamar a desconocer la ley y las instituciones, fue sacada del aire”, acotó Izarra.
“Estaban llamado a la rebelión abiertamente, una radio, la radio de Liborio Guarulla (gobernador opositor del estado Amazonas)”, dijo Izarra durante un acto que encabezó en la zona donde opera el medio que fue transmitido por el canal estatal VTV.
El ministro señaló que, “afortunadamente”, funcionarios de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que regula los medios de comunicación en el país, “se apersonaron” en el lugar y ahora “no hay más radio fascista”.
Destacó que, además, se confirmó que la Voz del Orinoco “es una radio ilegal, que no tiene permiso de ningún tipo, que no tiene concesión, que no tiene derecho a utilizar el espacio radioeléctrico y menos para llamar al enfrentamiento entre los venezolanos”.
Izarra dio la información en el marco de una situación de conflicto de un grupo de trabajadores de un hotel de Amazonas que se disputan la Gobernación del estado, dirigida por el opositor Guarulla, y el gobierno nacional.
Guarulla, por su parte, denunció que el gobierno nacional tiene “una guerra en su contra” lo que se vio, según dijo, con “la toma violenta” del Hotel Amazonas por parte de la Guardia Nacional (policía militarizada) y el Ministerio de Turismo.
Relata que mientras se instalaba la junta administradora del Hotel, fueron cerradas 5 emisoras en Puerto Ayacucho, entre ellas La Voz del Orinoco. “Prácticamente ahora en Amazonas estamos en completo silencio, no solo fue La Voz del Orinoco, cerró Chamánica, La Voz del Pueblo, Deportiva del Sur e Impacto”, enumeró el mandatario regional vía telefónica con El Universal.
“Imagínate hay (solo) dos radios (independientes) nada más ahorita en Puerto Ayacucho, que de alguna manera no son la radio esa militar y comunal que ellos tienen”, afirmó.
La nueva censura
En lo que va de año, el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) ha denunciado 193 casos de censura previa. El caso más reciente fuel del canal de TV Globovisión.
Globovisión, uno de los medios de comunicación más importantes de Venezuela, ha dejado de ser un referente para la oposición del gobierno. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, el canal ha perdido su esencia y a algunos de sus mejores periodistas.
El nuevo grupo empresarial prometió que el canal pasaría de ser una tribuna opositora a ser una tribuna meramente informativa, pero el cierre de algunos de los programas más emblemáticos de la cadena han hecho dudar a la población y al gremio de periodistas de esa promesa de neutralidad.
Antes de las elecciones del 14 de abril de este mismo año, Maduro prometió la venta del canal a una nueva empresa si ganaba. Cuando finalmente salió triunfador, cumplió la promesa y Globovisión cambió de manos.
Opositores consideran que esta podría ser una nueva forma de hacerse con los medios “enemigos” utilizando empresas afines a gobierno y así no salirse del marco de la legalidad.
Pero otra nueva forma de represión contra la comunicación está surgiendo a través de los tribunales. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela denuncia que a través del “uso desproporcionado” de instancias judiciales, se criminalizan medios de comunicación y periodistas. “Se aplican medidas punitivas por ejercer una libertad fundamental, como lo es la libertad de expresión” ha afirmado un abogado venezolano experto en censura. El IPYS se ha mostrado preocupado por la gran proliferación de este tipo de prohibiciones que tachan de censura previa.
La cronología de casos de censura a través de tribunales se ha intensificado en 2013, pero estos sucesos de represión periodística han sido comunes en los últimos años. En 2011 en el estado de Bolívar se prohibió que avanzara una investigación periodística por supuesta corrupción del gobernador oficialista Francisco Rangel Gómez; mientras que en los años 2005 y 2006 se interpuso un veto similar que impidió que los medios dieran información sobre los avances en torno al caso del fiscal asesinado Danilo Anderson.
En julio de este año, un tribunal también prohibió al diario La Mañana la publicación de unas fotografías sobre hechos violentos con la excusa de la protección de los menores. A principios de agosto, otros dos diarios, Tal Cual y El Nacional, fueron sancionados con una multa de un 1 por ciento de los ingresos totales de los diarios por haber publicado imágenes de una morgue venezolana. —AGENCIAS.