El Congreso de Honduras aprobó el jueves en primer debate parlamentario la creación de una Policía Militar de Orden Público que implicaría un paso adelante en la militarización de la seguridad del país con el índice de homicidios más alto del mundo.
La iniciativa fue discutida cuando apenas faltan tres meses para la celebración de unas reñidas elecciones legislativas y presidenciales centradas en el debate sobre la inseguridad y tras un proceso de depuración policial que ha durado más de un año y no ha ofrecido resultados.
El impulsor de dicha ley, Juan Orlando Hernández, candidato presidencial del gobernante Partido Nacional, que renunció a la presidencia del Congreso hace pocas semanas pero retomó su puesto para presentar la ley de la policía militar, dijo: “Necesitamos hacer uso de los militares y deben seguir en las calles hasta el último día que recuperemos la paz”. Esa fuerza, agregó, “estará integrada por 5,000 efectivos provenientes de las fuerzas especiales, quienes estarán capacitados en derechos humanos y patrullajes policiales”.
La propuesta del Partido Nacional se enfrenta a las defendidas por el gobierno, en manos del mismo partido, que apuesta por reforzar a la policía y no atribuir más poder al ejército.
Mario Pérez, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, declaró que “necesitamos un grupo de choque que recupere el territorio y capture a los delincuentes” y fue muy crítico con la policía nacional. “No nos oponemos a la policía, pero no es el modelo de este momento. Necesitamos apoyar el proceso de depuración y parece que ese proceso se ha detenido o no avanza como el Congreso necesita. Sólo nos falta a los diputados salir a la calle a capturar delincuentes”.
El lunes pasado, el Ministro de Seguridad Arturo Corrales anunció la creación de una nueva policía comunitaria que se basaría en una nueva organización departamental, la depuración de la institución y dotarla de mayores recursos.
La política desarrollada por el gobierno del presidente Porfirio Lobo fue defendida por Pompeyo Bonilla, secretario privado del presidente Porfirio Lobo, que señaló que es necesario “fortalecer grupos de respuesta y reacción inmediata y tomar posesión de los lugares donde se ha perdido la autoridad”. Pero agregó que “se trata de equipos policiales y militares que conocemos. Tenemos que fortalecer la policía nacional civil, que es la que tiene la responsabilidad de la seguridad ciudadana”.
“En este momento hay dos líneas marcadas, la propuesta del ministro Arturo Corrales de una policía comunitaria y la propuesta que se va a discutir hoy en el Congreso. Necesitamos respuestas inmediatas para tener resultados ya, no dentro de un año. La policía comunitaria servirá cuando se depure la policía, no ahora”.
Pérez agregó que denunció que “los retenes policiales están en las mismas esquinas donde los delincuentes realizan sus actividades y sólo sirven para extorsionar al hondureño”.
Según datos tomados de una audiencia en el Congreso celebrada en abril cuando Pompeyo Bonilla era Ministro de Seguridad, sólo siete agentes de una fuerza de 13,800 miembros habían sido separados de sus puestos oficialmente y algunos de esos siete fueron readmitidos posteriormente.
Desde agosto de 2012, y a través de La Operación Libertad, que cubre Tegucigalpa y San Pedro Sula, el ejército patrulla junto a la policía nacional con 800 efectivos en Tegucigalpa y 600 efectivos en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país.
A preguntas de los periodistas locales sobre el riesgo de vulneración de los derechos humanos en caso de una mayor militarización de la seguridad pública, Pérez afirmó que “el pueblo hondureño piensa que los derechos humanos sólo sirven para defender criminales. Tal vez los derechos humanos se han equivocado por el camino”.
Otro miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso, Daniel Flores, del gobernante Partido Nacional, agregó: “En nombre de los derechos humanos no se permite el accionar de la seguridad y es hora de poner los derechos humanos del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Caer en el debate de si es constitucional o no desarrollar determinadas leyes es un error”.
Para Flores, “la vida en Honduras está en riesgo y cualquier normativa de la Constitución debe pasar a segundo plano para que se respete la vida humana”.
Pero Juan Ferrera, coordinador de la Tasa de Seguridad, un impuesto especial creado este año por el gobierno para financiar la seguridad ciudadana, se mostró escéptico. “Los fondos de la tasa de seguridad no son suficientes para sostener este tipo de propuestas. Se presentan muchas iniciativas pero no son realistas porque no hay financiación. Quedan cuatro meses de gestión, no creo que este tipo de medidas se puedan resolver”, dijo. La tasa de seguridad recaudada por el gobierno y disponible para gasto hasta final de año ascienden a 400 millones de lempiras, unos 20 millones de dólares.
Mientras tanto, Honduras es aún un país con un altísimo índice de violencia. En 2012 hubo 7,173 homicidios y en 2011 fueron 7,014, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras. El índice de homicidios de 2011 fue de 86.5 por cada 100,000 habitantes y en el caso de 2012 había bajado a 85.5. La Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y el Delito ubica la cifra en 92 y la Organización de los Estados Americanos en 91 debido a los diferentes métodos de conteo.