VENEZUELA. La Fiscalía pidió congelar las cuentas bancarias y bienes del editor de El Nacional, un diario crítico del Gobierno, en momentos en que las autoridades arrecian su control sobre los medios de comunicación del país.
La decisión se basa en una aparente deuda del editor Miguel Henrique Otero con un exalcalde de Caracas que fue aliado del fallecido gobernante Hugo Chávez y luego se pasó a la oposición.
“El Ministerio Público solicitó la congelación de cuentas, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles del editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, a propósito de la investigación que se le sigue por una demanda del exalcalde metropolitano, Alfredo Peña”, dijo el Fiscal General Luis Ortega Díaz.
No quedó inmediatamente claro si la medida afectaría al diario que Otero dirige y del que es accionista mayoritario.
El gobierno izquierdista de Nicolás Maduro, sucesor político de Chávez, suele con frecuencia acusar a los medios de la oposición de intentar desestabilizar su revolución socialista y de ocultar sus planes de Gobierno.
El canal privado de televisión Globovisión, durante años una de las principales voces de a oposición venezolana ahogado en multimillonarias multas impuestas por el Gobierno, fue vendido recientemente a un grupo financiero
Más tarde la Cadena Capriles, el mayor conglomerado de medios privados de Venezuela, pasó a manos aparentemente de un banquero cercano al Gobierno.
El editor de El Nacional reaccionó a la decisión de la fiscalía a través de su cuenta de Twitter, @miguelhotero.
“No pienso cambiar mi rutina ante los atropellos del régimen!!!”, escribió.
Otero cuestionó ayer que la Fiscalía no le notificó la decisión de congelar sus cuentas bancarias y bienes, algo que la titular del ministerio Público anunció a través de su cuenta de Twitter.
“A mí no me ha llamado la Fiscalía para ningún caso. Me enteré (de la medida) porque (mis) amigos leyeron un tuit de la fiscal que, por cierto, muy cibernética, se dedica a anunciar sus decisiones judiciales a través de la red”, sostuvo Otero en un video publicado por El Nacional en su página de internet. Calificó la medida como “un atropello a la libertad de expresión”, y se comprometió a informar de su caso al público “cuando tenga acceso al expediente”.
El gobierno venezolano controla una extensa red de medios de comunicación, algo que sus opositores califican de “hegemonía comunicacional”.
Globovisión fue obligada a pagar el año pasado una multa de $2.1 millones para evitar el embargo de sus bienes luego de que fuera acusada de apología del delito en la cobertura de una crisis en una prisión cercana a Caracas en 2011.
En 2007, las pantallas del canal privado de televisión RCTV -uno de los más antiguos del país y de más alta audiencia- cesaron sus transmisiones después de que el Gobierno no renovara su concesión tras los feroces ataques del presidente Chávez, que acusaba al canal de golpista. —AGENCIAS