MIAMI. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer su preocupación por las medidas económicas adoptadas por el gobierno venezolano contra periodistas y medios de comunicación del país sudamericano, y dijo que podrían ser parte de una campaña de hostigamiento contra la prensa independiente.
La SIP solicitó al Gobierno venezolano “mayor transparencia” sobre actuaciones contra periodistas, como la realizada por la titular de la Fiscalía General de Venezuela, Luisa Ortega, quien pidió a la justicia penal prohibir la enajenación de bienes y ordenar la congelación de cuentas del editor-presidente del diario caraqueño El Nacional, Miguel Henrique Otero.
Todo nace por un presunto pleito judicial personal que el periodista tendría con un ex alcalde y ex director de ese diario, Alfredo Peña, quien permanece en el exilio desde hace una década.
Un alto directivo de El Nacional confirmó a diario El País que el dinero que reclama Peña jamás pasó por las arcas del periódico. “Hubiese sido de mucha ayuda”, explicó.
Otero dijo que se enteró por Twitter de la demanda, que desconoce el expediente y que considera que la acción de la Fiscalía es parte de una campaña del gobierno para “silenciar, amedrentar y desprestigiar” mediante una estrategia en el que “compran medios, amenazan medios, cierran medios, le abren procedimientos a los periodistas, a los editores”.
Por otra parte, el Ministerio Público ordenó el 24 de julio el cierre de las cuentas bancarias del presidente del Grupo 6to Poder, Leocenis García. El grupo, conocido por su línea editorial crítica del gobierno, está integrado por el semanario 6to Poder, 6to Poder Radio, diario El Comercio, 6topoderweb, 6to Poder Datos y la revista U-Sex.
La medida fue interpuesta por una acusación de lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo, e incluyó la congelación de ocho cuentas bancarias del grupo y tres cuentas personales.
El semanario 6to Poder ha publicado portadas que han provocado gran polémica.
Los fotomontajes publicados en sus portadas son recordados por escandalosos y reñidos con la ética periodística. En uno de ellos, tal vez el más célebre, García representó a seis altas funcionarias –entre ellas las presidentas del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral– como bailarinas de cabaret. En ese caso, un tribunal prohibió la circulación del medio por seis días.
García dijo que la acción era “inconstitucional” y que se trata de “una práctica de persecución policial y acoso judicial propia de regímenes totalitarios”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, advirtió que las medidas “se insertan en una campaña gubernamental de no cerrar medios en forma directa por el costo político que ello engendra, sino que los ahoga económicamente, obteniendo el mismo resultado”.
Paolillo aseguró que la presión económica, que impide a 6to Poder pagar a sus empleados y proveedores, “demuestra la intención agravante de un gobierno que apela a la censura más burda para acabar con la prensa independiente”.
El Gobierno venezolano controla una extensa red de medios de comunicación, algo que sus opositores califican de “hegemonía comunicacional”.
Globovisión fue obligada a pagar el año pasado una multa de $2.1 millones para evitar el embargo de sus bienes luego de que fuera acusada de apología del delito en la cobertura de una crisis en una prisión cercana a Caracas en 2011.
En 2007, las pantallas del canal privado de televisión RCTV –uno de los más antiguos del país y de más alta audiencia– cesaron sus transmisiones después de que el Gobierno no renovara su concesión tras los feroces ataques del presidente Chávez, que acusaba al canal de golpista.
—AGENCIAS.