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Funcionarios de Dilma usan helicópteros oficiales para ir de vacaciones y a ver fútbol

El uso de los aviones oficiales durante el Gobierno de Rousseff aumentó un 39 %

Funcionarios de Dilma usan helicópteros oficiales para ir de vacaciones y a ver fútbol
Funcionarios de Dilma usan helicópteros oficiales para ir de vacaciones y a ver fútbol

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Jul 14, 2013- 19:00

BRASIL. Hace dos semanas, en plena protesta callejera contra los gastos superfluos de los políticos, considerados dinero de corrupción sustraído a la población, cuatro altos cargos fueron descubiertos usando aviones de las FAB para fines privados.

Ellos fueron:

– El presidente del Congreso, Henrique Eduardo Alves, usó un avión de las fuerzas armadas para asistir con su novia, familia y amigos a un partido de la Copa de las Confederaciones al estadio Maracaná de Río de Janeiro.

– El presidente del Senado, Renan Calheiros -del que más de un millón de firmas piden su salida por estar bajo proceso en el Supremo- fue en otro avión militar a la boda de la hija de un político amigo suyo a la localidad turística de Trancoso, en el estado de Bahia.

-El ministro de Previsión Social, Garibaldi Alves, también usó otra aeronave de las fuerzas armadas para asistir a otro partido en el Maracaná

-El gobernador del Estado de Río, Sérgio Cabral ha estado empleando desde hace tiempo el helicóptero oficial de su Gobierno, comprado por $8 millones y bautizado desde ahora como el helicóptero de la alegría, para irse cada fin de semana a su finca de Mangaratiba, a 80 km de la capital carioca, según la revista Veja. El helicóptero suele hacer varios viajes cada vez, de acuerdo con la publicación: primero lleva a las empleadas y al perro, después a la familia. A veces la esposa de Cabral se olvida algún vestido y el helicóptero vuelve a recogerlo, o las empleadas salen a hacer alguna compra.

En un primer momento trataron de justificar dichos viajes por tratarse de personalidades que cuando viajan lo hacen, según ellos, representando su función oficial. Presionados por la opinión pública, todos ellos acabaron devolviendo el dinero al Estado. Cabral entregó el helicóptero al Cuerpo de Bomberos publicó el diario español El País.

Cada vuelo nacional de uno de esos aviones del Ejército cuesta de media 70.000 reales ($31,367).

La presidenta Rousseff afirmó que “no era una cosa seria” ese uso abusivo de aviones oficiales para fines particulares.

Los analistas políticos han subrayado que el comportamiento de los políticos, justo mientras en la calle arde la protesta contra la corrupción política, supone o un desconocimiento de la gravedad de las manifestaciones o una verdadera provocación. Y no saben cuál de ambas posturas les preocupa más.

Desde 2002, los viajes oficiales de ministros y altos cargos de la Administración pública están restringidos a casos de emergencia médica o cuando, tratándose de una misión oficial, no existen vuelos civiles en ese momento y para ese lugar. Al llegar al poder, Rousseff pidió que los políticos usasen estos vuelos civiles los fines de semana, cuando muchos salen de Brasilia.

La Administración paga estos desplazamientos a ellos a sus familias. Sin embargo, en su mandato, no solo no fue obedecida sino que dichos vuelos (llamados “de la alegría”) han aumentado casi un 40 % según datos del diario O Estadâo de Sâo Paulo. Aun cuando aparecen como misiones oficiales, acaban siendo usados para fines partidistas en sus respectivos colegios electorales.

En el último semestre, los vuelos realizados por autoridades del Gobierno en aviones oficiales suponen un trayecto de 10 veces la ida y vuelta a la luna: 5.800 vuelos, calculados en 45 millones de reales (casi 20 millones de dólares), según Fernando Catalano, del departamento de ingenieros de la FAB de São Paulo.

A partir de ahora y después del control ejercido tanto por la opinión pública como por los medios de comunicación, que tiene acceso a los datos de gasto oficial a través de la nueva ley de transparencia, a los políticos les serán más difíciles realizar esos “vuelos de la alegría”, una anomalía en los gastos públicos que paradójicamente no fue denunciada en las manifestaciones de los sindicatos del jueves pasado.

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