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Ley de medios en Corte Suprema

La Corte Suprema deberá decidir sobre la cuestión de fondo de la ley

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, instó este lunes a la Justicia a agilizar la ley de Medios. foto edh /archivo
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, instó este lunes a la Justicia a agilizar la ley de Medios. foto edh /archivo

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Jun 14, 2013- 19:00

ARGENTINA. La causa por la ley de medios audiovisuales argentina quedó ayer en manos de la Corte Suprema de Justicia después de que un tribunal declarase admisible el recurso extraordinario presentado por el Estado, informaron fuentes judiciales.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina deberá expedirse sobre la constitucionalidad de varios artículos de la ley, que obliga a los grandes grupos de comunicación audiovisuales, encabezados por Clarín, a realizar una fuerte desinversión en el sector.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal resolvió hacer lugar a los recursos del Estado argentino y de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), informó ayer el Centro de Información Judicial, lo que deja el expediente a las puertas de una resolución definitiva.

La Cámara Civil y Comercial Federal determinó el pasado abril la inconstitucionalidad de dos artículos, el 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma, pero el Gobierno argentino apeló el fallo.

La ley de medios audiovisuales fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.

Aunque la Ley fue aprobada en el Congreso, la empresa mantiene su hegemonía gracias a amparos judiciales que le permiten mantener sus cientos de canales de televisión, radios y medios escritos, en los que transmite un mensaje unánime de crítica al gobierno.

La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Los grupos que excedan los máximos previstos por la ley, están obligados a desinvertir.

Clarín, que cuestiona la constitucionalidad de la ley, considera que la normativa contiene artículos elaborados como “un traje a medida” con el objetivo de “desguazar” al mayor grupo multimedia del país.

La disputa con el grupo Clarín tiene su origen en la ruptura del gobierno con el Grupo Clarín en 2008, en el marco de la crisis que la actual presidenta Cristina Fernández enfrentó y perdió con las patronales del sector agropecuario.

Desde entonces, el multimedios se convirtió en opositor y, en marzo de 2009, la guerra fue total cuando la presidenta presentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el fin de democratizar el mercado mediático en Argentina dominado por Clarín. —AGENCIAS

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