MANAGUA. La Policía de Nicaragua desalojó ayer a un grupo de ancianos que por tres días mantuvo tomadas las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para exigir una pensión equivalente a los años que cotizaron cuando trabajaron.
Decenas de policías rodearon las instalaciones del INSS para impedir el paso a los ancianos, cuya protesta fue apoyada por varios jóvenes y activistas de derechos humanos que se enfrentaron a la Policía a empujones.
El presidente de la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM), Porfirio García, anunció que intensificarán las protestas.
La UNAM agrupa a unos 15,000 miembros y desde hace 5 años libra una lucha por un régimen especial que cubra a trabajadores en edad de jubilación que no han completado todas las cuotas necesarias para obtener una pensión.
Los ancianos piden que se les reconozca una pensión reducida, equivalente al salario mínimo -unos $140 mensuales-, ya que el desempleo que afecta el país les impidió completar las 750 cotizaciones que exige la ley para acceder a ese derecho.
Además piden asistencia médica especializada, medicinas y otros beneficios, que estima podrían costar 23 millones de dólares anuales del presupuesto.
La protesta que un grupo de adultos mayores comenzó el lunes con la toma del edificio central del INSS y las condiciones de los manifestantes se deterioraron el miércoles, cuando la policía rodeó la sede e impidió el ingreso de víveres para los reclamantes.
Los ancianos afirman que el gobernante Daniel Ortega no les entrega la pensión a que tienen derecho legalmente y les paga un bono mensual con una cantidad inferior a la que les corresponde. Según el gremio, el estado tampoco cumple con un acuerdo alcanzado hace dos años que les permitiría acceso a atención en salud, bastones, sillas de ruedas y productos de la canasta de servicios básicos a un precio preferencial.
La Policía Nacional emitió ayer un comunicado en el que informó que desalojaron a los manifestantes para llevarlos a pasar “chequeo médico preventivo”.
“Los adultos mayores fueron trasladados a tres hospitales de Managua para que recibieran atención médica, alimentación y la atención necesaria, sin que se haya registrado ningún incidente”, agregó la policía.
Julio Roque, un diabético de 70 años y miembro de la Unidad Nacional del Adulto Mayor que permanecía desde el lunes en el INSS, estaba dormido a la 1:30 de la madrugada, cuando los policías llegaron a despertarlo para retirarlo del lugar.
“Levántese que lo vamos a llevar al hospital”, fue lo que le dijeron al anciano, según dijo a la radioemisora Ya su esposa Isabel Rivas. “Ya él y los demás estaban cansados y no pudieron seguir con la lucha desde adentro, los sacaron ahí no más”.
El miércoles los familiares de los protestantes apoyados por cientos de pobladores, entraron en un forcejeo por horas con un cordón de policías que no dejaban pasar agua, medicinas, alimentos y frazadas. En esas acciones se detuvieron a siete personas que horas después fueron liberadas.
“Me levantaron de un puntapié en el estómago”, dijo al canal 12 de la televisión local Antonio Quezada, otro de los ancianos protestantes que se encontraba en el edificio central del INSS.
Según Quezada, los metieron a la fuerza en tres autobuses, con destino a tres hospitales de la capital.
“No les importa lo que nos pase”, repetían los ancianos a los periodistas que intentaban dar cobertura a su manifestación, un trabajo impedido por la Policía Nacional, que golpeó a varios reporteros. “Van a terminar matándolos”, dijo Rosa, una mujer delgada que culpaba directamente a Daniel Ortega de la represión. “¿Dónde está Aminta Granera?”, se preguntaba, en referencia a la jefa de la Policía Nacional de Nicaragua.
“Estamos demandando que nos den una pensión porque nosotros ya no podemos trabajar”, dijo por su lado Fanny Ruiz, de 78 años, quien padece osteoporosis y vive de la caridad pública porque sus cuatro hijos ya “se fueron (de la casa) y no me ayudan”.
“No vamos a dar un paso atrás, pensaron que no íbamos a estar acá de vuelta” protestando, pero “vamos a estar aquí a tiempo completo hasta que triunfemos”, aseguró uno de los manifestantes, Fernando Caballero, a la televisión local.
“Da vergüenza que anden 500 policías (cuidando) a un poco de viejos desarmados. Comandante (Daniel Ortega) esto es una vergüenza”, reprochó Caballero.
La protesta de éste grupo se inició desde antes de que Ortega asumiera el poder en el año 2007, pero fue hasta 2010 cuando el gobernante les ofreció como compensación un “bono solidario” equivalente a $40. El bono es inferior al porcentaje que les corresponde por los años trabajados.—AGENCIAS.